El presidente del Rowing Club, Rubén Varela, confirmó la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público (Fiscalía) contra funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). La acción legal obedece a las reiteradas reconexiones irregulares del servicio eléctrico a favor de un exempleado del predio que cuenta con una orden judicial de desalojo y una medida cautelar de no innovar.
Denuncia penal e inobservancia de medidas cautelares
La representación legal del club interpuso el reclamo ante la Unidad Penal 14 de la capital a cargo de la fiscala Natalia Silva. Las autoridades de la entidad deportiva señalaron que el ocupante incurrió en conexiones clandestinas constatadas previamente por los propios inspectores del ente energético estatal.
La dirección de la institución advirtió que la reanudación del suministro se realizó pese a la vigencia de resoluciones emitidas por el Poder Judicial.
El incumplimiento de la medida compromete la responsabilidad administrativa y penal de las cuadrillas intervinientes.
Al cuestionar el procedimiento aplicado por la institución estatal en el caso, la máxima autoridad comunitaria señaló que “hizo varias veces conexiones clandestinas donde la gente de la ANDE constató la irregularidad y aun así le vuelven a poner la reconexión”, exigiendo explicaciones.
Incumplimiento contractual y explotación irregular del predio
El conflicto contractual con el ocupante se originó durante la administración anterior del club mediante la firma de un arrendamiento por 10 años que feneció en el 2025. Las actuales autoridades que asumieron en marzo del 2024 constataron la falta de pago de los cánones de alquiler comprometidos.
El comercializador del espacio justificó el impago mediante supuestas mejoras edilicias no contempladas en las cláusulas del documento firmado.
La explotación no autorizada incluyó la organización de torneos deportivos privados y el estacionamiento pago dentro del predio.
Al detallar las faltas éticas y estatutarias detectadas en el lugar, la directiva explicó que el ocupante “explota un bar que está prohibido por estatutos nuestros porque para nosotros el alcohol no va acompañado con el deporte”, recordando las sanciones previas por polución sonora acumuladas con los vecinos de las Mercedes.
Intervenciones por mora y reconexiones al margen de la ley
La acumulación de deudas por energía alcanzó la suma de 15 millones de guaraníes en un periodo de 6 meses de mora consecutiva. La directiva comunicó formalmente a las autoridades de la entidad que el club no asumiría los compromisos financieros generados por la ocupación irregular.
El corte del suministro eléctrico dispuesto inicialmente por la empresa fue revertido tras entregas parciales de dinero por parte del deudor.
La reconexión clandestina de energía constituye un hecho punible tipificado en el Código Penal con penas de 3 a 5 años de cárcel.
Al calificar la falta de respuesta institucional ante los reclamos formales presentados, la directiva del club sostuvo que “no podemos entender cómo la ANDE se presta a una persona que está haciendo todo este tipo de maniobras”, lamentando la inacción de las autoridades.
Proceso de desalojo y plan de recuperación institucional
La sentencia en primera instancia resolvió hacer lugar al juicio de desalojo promovido por los asesores jurídicos del Rowing Club.
La apelación presentada por la contraparte busca dilatar la restitución efectiva de las instalaciones del barrio las Mercedes.
El plan de reactivación deportiva contempla el retorno de las divisiones formativas de básquetbol que representaron históricamente a la entidad.
La representación legal del caso permanece a cargo del abogado Víctor González Arza para dar seguimiento a la causa penal.
Al proyectar las siguientes acciones de la comisión directiva para resguardar el patrimonio del emblemático club social, Rubén Varela ratificó que continuarán con las denuncias públicas y judiciales para evitar la entrega de una infraestructura deteriorada al momento de la ejecución final del lanzamiento.