La agente fiscal Rocío González, titular de la Unidad Penal n.° 2 de la Fiscalía Zonal de Santa Rita, formuló imputación contra Julio Óscar Garcete Becker de 30 años, quien se desempeñaba como empleado de la Universidad Nordeste del Paraguay (UNP), filial Santa Rita, por la presunta comisión de los hechos punibles de estafa, lesión de confianza, apropiación y producción de documentos no auténticos. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por autoridades de la institución educativa.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, el ahora imputado habría realizado cobranzas a estudiantes de la referida universidad entre febrero de 2025 y julio de 2026, en concepto de cuotas mensuales, aranceles y derechos de examen. Presuntamente, recibió transferencias bancarias correspondientes a dichas obligaciones sin destinar los fondos a la institución ni efectuar la rendición de cuentas respectiva.
La denuncia señala que la presunta irregularidad fue detectada durante una verificación del estado de cuentas y de los registros de pagos de estudiantes de la carrera de Medicina. En ese procedimiento, la administración universitaria constató que varios alumnos figuraban con deudas pendientes, pese a que manifestaron encontrarse al día en sus obligaciones y presentaron comprobantes de transferencias realizadas al ahora imputado y, en algunos casos, a terceras personas.
Según la hipótesis del Ministerio Público, el investigado habría recibido los pagos de los estudiantes con el ofrecimiento de cambiar reales a guaraníes a una cotización favorable para, posteriormente, cancelar las cuotas ante la universidad. No obstante, los montos presuntamente no fueron ingresados a las cuentas de la institución y, como respaldo de las operaciones, se habrían emitido comprobantes de transferencias y recibos presuntamente falsificados.
La imputación se sustenta en diversos elementos de convicción reunidos durante la etapa inicial de la investigación, entre ellos la denuncia formal presentada por las autoridades de la Universidad Nordeste del Paraguay, la declaración testimonial del denunciante, documentos institucionales, planillas de alumnos con pagos pendientes, registros de transferencias bancarias de distintas entidades financieras y agencias de envío de dinero, así como informes policiales.
Finalmente, la representante del Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo y requirió la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado.