El Ministerio Público imputó a Vicente Bataglia y a ocho exfuncionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) por presunta lesión de confianza en una investigación sobre la compra de quirófanos modulares y otras adquisiciones. El fiscal Julio Ortiz ordenó la captura de los procesados, solicitó prisión preventiva para todos ellos y pidió el embargo preventivo de bienes hasta cubrir G. 61.000 millones, monto que la Fiscalía atribuye como perjuicio económico ocasionado a la previsional.
Entre los imputados figuran los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel, Juan Manuel Villar, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco. La Fiscalía sostiene que los procesados realizaron pagos anticipados y aprobaron adendas vinculadas al contrato para un quirófano modular antes de que estuviera liberada la zona de obras del Hospital Central.
De acuerdo con la imputación, G. 53.000 millones del perjuicio corresponderían a decisiones adoptadas durante la administración de Bataglia. La hipótesis fiscal añade que, posteriormente, se firmaron nuevas adendas que permitieron la continuidad del contrato pese a las observaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), informes internos y una auditoría institucional.
El fiscal informó que cuenta con elementos suficientes para avanzar en breve hacia una acusación. La Auditoría Interna Nº 12/2024, incorporada al expediente, documentó las presuntas irregularidades detectadas. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la actual administración del IPS y se centra en los pagos realizados mediante sucesivas adendas que, según la Fiscalía, elevaron el perjuicio patrimonial atribuido a la previsional hasta G. 61.000 millones.