La Fiscalía pidió tres años de prisión para la ex jueza del fuero civil y comercial Tania Irún por autorizar la venta de tierras a extranjeros ubicadas en zonas fronterizas, hecho prohibido por la ley. Los fiscales Christian Benítez y Silvia González presentaron sus alegatos finales ayer en el juicio abierto sobre prevaricato contra la exmagistrada.
El juicio se basa en el fallo de la magistrada del año 2018, que permitió la titulación de 310.000 hectáreas de tierras del Chaco ubicadas en el departamento de Alto Paraguay, específicamente en zonas de frontera.
Según la Fiscalía, la venta se realizó a favor de empresas extranjeras (“offshore”) y se violó la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza. Esta ley prohíbe a extranjeros adquirir tierras paraguayas en la franja de 50 kilómetros desde la línea limítrofe con otros países.
El Ministerio Público sostiene que la ex jueza actuó contrariamente a la ley al dictar una resolución judicial a favor de firmas extranjeras sobre una zona geográfica protegida.
El tribunal encargado del juzgamiento, está conformado por los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz.
La venta de tierras se realizó a favor de cuatro empresas extranjeras: Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments. La Ley N° 2532/05 establece una franja de 50 km de ancho desde las fronteras terrestres y fluviales donde la adquisición de inmuebles está restringida a extranjeros por motivos de soberanía y seguridad nacional.
Hay hechos muy llamativos en el comportamiento de la exjueza Tania Irún: por ejemplo, ella estaba con permiso de maternidad y decidió suspender su permiso para firmar la resolución sobre la materia en cuestión, en vez de dejar al juez interino esa labor, manifestaron los fiscales.
La defensa de la exjueza fundamentó que la verificación de la ubicación de los inmuebles correspondía a los escribanos públicos intervinientes y defendió el dictamen como un acto ajustado a derecho.