En el arte de la oratoria política, pocos ejercicios resultan tan fascinantes como la capacidad de transformar una investigación por lesión de confianza en una conspiración ajena.
Rafael Filizzola ofreció una versión pública sobre las “comisarías de oro” concebida para reescribir el pasado: sostuvo que jamás ordenó los pagos bajo sospecha, aseguró que las obras contaban con un loable 70% de ejecución cuando dejó el Ministerio del Interior y deslizó que el verdadero estropicio ocurrió en despachos ajenos.
Según esta tesis, la culpa fue de Hacienda, de la Procuraduría, de los ministros sucesores y, por supuesto, de la Fiscalía. Una cuidada arquitectura argumental en la que todos resultan sospechosos, salvo quien firmaba la memoria y balance.
El punto neurálgico de su defensa roza la paradoja burocrática: “El pago se hizo vía Hacienda y contra el criterio del Ministerio del Interior”, aseveró.
La afirmación invita a imaginar un Ministerio de Hacienda insólitamente generoso, liquidando recursos del Tesoro por iniciativa propia y sin que la cartera ordenadora de gastos hubiese movido un solo expediente.
La acusación del Ministerio Público, en cambio, consigna un dato menos etéreo: la firma Todo Verde percibió G. 1.131.812.500 con trabajos flagrantemente inconclusos. Resulta difícil comprender cómo se transfieren cifras de siete ceros a espaldas del organismo beneficiario.
En su afán explicativo, la defensa abre flancos dudosos. Si la propia administración de Filizzola consideraba improcedente desembolsar el dinero, ¿cuál fue el mecanismo que permitió que los fondos abandonaran la caja pública?.
La advertencia administrativa que menciona el exministro no demuestra rigor fiscal; expone, más bien, una ineficacia ejecutiva para custodiar los recursos bajo su custodia.
La matemática también sufrió refinamientos sobre la marcha. En su reaparición mediática, el exministro habló de “19 comisarías de la capital”, difiriendo del número de 24 dependencias metropolitanas que constan en los documentos originales.
Asimismo, rebautizó las obras como “adecuaciones” motivadas por recomendaciones de organismos internacionales. Un matiz lingüístico elegante, aunque para el contribuyente la distinción entre remodelar y reparar sea secundaria frente a la simple constatación de obras pagadas y no ejecutadas.
El colmo de la ingeniería narrativa se concentra en la póliza de fiel cumplimiento. Filizzola adujo que la garantía vencía meses después de su salida del cargo y sugirió que la falta de ejecución fue responsabilidad de la Procuraduría.
La maniobra analítica es ingeniosa: desplazar la mirada hacia el seguro no reclamado para evitar que el debate se fije en las órdenes de pago giradas durante su propia gestión.
En el plano procesal, el relato mantiene igual audacia. Aseguró que su representación legal no presenta escritos desde 2016 y que la parálisis del expediente fue obra del Ministerio Público. Una afirmación que colisiona con el abrumador catálogo de nulidades, recusaciones y planteamientos de prescripción acumulados en la causa. Incurrió además en imprecisiones sobre los sobreseimientos, afirmando haber obtenido dos e intercambiando fechas de audiencias preliminares que la cronología judicial desmiente.
Para coronar el cuadro, denunció la supuesta ocultación de testimonios favorables a su gestión. Acusación grave que, por ahora, habita en el terreno de las conjeturas a falta de constancias en el expediente. Rafael Filizzola no fue absuelto tras un juicio oral donde las pruebas fueran examinadas a la luz del día; fue beneficiado por el agotamiento del tiempo procesal
La estrategia mediática podrá ser pulida y distinguida, pero los certificados de avance y los cheques cobrados permanecen en el expediente, mudos ante la elocuencia de su exadministrador.