El fiscal Silvio Corbeta ratificó la imputación por presunta lesión de confianza, administración de provecho propio y asociación criminal contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto en la audiencia preliminar que se realizó ayer en el Palacio de Justicia de Asunción ante el juez penal de delitos económicos, Humberto Otazú.
El hecho se conoce como caso Tajy en el cual supuestamente Prieto y varios ex funcionarios y allegados montaron un sistema para compra simulada de alimentos con el objetivo de provecho propio, según la imputación. La empresa Tajy Servicios Generales fue la proveedora de los alimentos, según los fiscales.
En la audiencia participaron Prieto y otros ex funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este. El fiscal les imputó por haber dejado un supuesto perjuicio patrimonial mediante licitaciones por vía de excepción cuando Prieto fue intendente de esta ciudad. Corbeta indicó que el perjuicio patrimonial sería de 306.188.500 en compra de víveres durante la última pandemia.
El fiscal Corbeta sostuvo que Prieto “tenía la calidad de ordenador de gastos y entre el mes de marzo y junio de 2020, convocó, promovió y pagó por una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para producción de panificados para familias de escasos recursos. Así se produjo este perjuicio”, indicó.
“Miguel Prieto, desde la Intendencia Municipal, encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión de hechos de corrupción”, señaló el fiscal Corbeta.
La respuesta de la defensa.
El abogado Derlis Martínez, defensor de Miguel Prieto, pidió el sobreseimiento de su cliente porque la Fiscalía no probó el rol de cada funcionario que supuestamente operó en el esquema.
Martínez presentó como pruebas documentos, imágenes y filmaciones sobre cómo se hacían los panificados y pidió al juez que ordene la exclusión del supuesto hecho punible de “administración de provecho propio” porque no hay prueba de que Prieto y los proveedores de panificados sean parientes.
Por su parte, Miguel Prieto señaló que la Fiscalía no tiene las pruebas y que debió haberle pedido disculpas en vez de acusarlo sin sustento legal. Prieto habló con la prensa durante el cuarto intermedio declarado por el juez, luego de la exposición del fiscal.
“La Fiscalía nunca fue a la firma proveedora ni investigó a cada imputado. Si es que hay justicia, debe sobreseerme y pedirme disculpas, porque no tienen elementos para sostener una acusación”, dijo el ex intendente.
El juez Humberto Otazú recibió las pruebas presentadas por la defensa y corrió traslado de las mismas a la Fiscalía para que se expida al respecto.