Ordenan captura de Hugo Javier y de su “brazo derecho”

Hugo Javier González, exgobernador de Central y de su exsecretario de gabinete, Miguel Ángel Robles deben cumplir con su condena de 10 años de prisión por lesión de confianza y documentos no auténticos.

| Por La Tribuna
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Hugo Javier González, exgobernador de Central.

El juez de ejecución penal Carlos Mendoza ordenó la captura de Hugo Javier González, exgobernador de Central y de su exsecretario de gabinete, Miguel Ángel Robles. Ambos fueron condenados a 10 años de prisión por lesión de confianza y documentos no auténticos.

El caso guarda relación con el desvío de fondos de 5.105 millones de guaraníes previstos para la reactivación económica durante la pandemia del covid-19.

Los dos fueron declarados culpables de este hecho en el fallo del 4 de enero del 2025, dictado por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces de primera instancia Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

Los condenados, en su momento apelaron la resolución, perdieron en segunda instancia y luego fueron hasta la Corte Suprema de Justicia.

La Sala Penal de la Corte integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y la camarista Silvana Luraghi rechazó los recursos pertinentes y confirmaron la condena.

El último recurso presentado por los condenados fue de “aclaratoria”, en el cual la Corte respondió que no había nada que aclarar y rechazó. Esto fue la semana pasada.

En consecuencia, terminaron todos los recursos posibles para ambos. Por lo que el expediente pasó directamente a cargo del juez de ejecución penal para que ordene la captura, tal como lo hizo ayer.

Según la condena, los dos operaron en pagos irregulares porque usaron documentación falsa y desviaron recursos del Estado que debían destinarse a obras para la reactivamente económica durante la pandemia.

Robles fue considerado como el cerebro del movimiento financiero en la Gobernación de Central, cuando Hugo Javier González estaba al frente de la institución; pero el exgobernador también fue penado a 10 años de cárcel por ser el principal administrador de gastos, y como tal autorizó los pagos.

Los pagos incluyeron la utilización de documentación falsa, la simulación de obras y el desvío de fondos que se probó en las rendiciones de cuentas irregulares, según la sentencia.

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