La Operación Yida Transfronteriza reconstruyó un circuito que comenzaba con promesas de ganancias por tareas digitales y terminaba con el dinero fuera de la ruta bancaria. La investigación está dirigida por las fiscales Ruth Benítez y Diana Gómez, de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, con apoyo policial especializado.
El primer eslabón era la captación. La propuesta circulaba en redes sociales y grupos de WhatsApp, ofrecía rendimientos por supuestas tareas de comercio electrónico con China y utilizaba publicidad pagada en portales de noticias para aparentar legitimidad. Para habilitar tareas o paquetes, las víctimas transferían guaraníes a cuentas locales de terceros.
Luego comenzaba la conversión: operadores adquirían USDT mediante transacciones P2P y retiraban los criptoactivos por la red Tron, bajo el estándar TRC-20, hacia billeteras concentradoras. El cierre llegaba con el bloqueo de retiros, la exigencia de nuevos depósitos o de un supuesto impuesto del 20% y, finalmente, el cese de operaciones y comunicaciones.
El alcance nacional consolidado es de 211 denuncias y un perjuicio declarado de G. 1.531.432.000. De ese total, 62 casos fueron reunidos por la unidad especializada, con G. 606.252.213 cuantificados; otros 149 llegaron a fiscalías zonales y representan G. 925.179.787. La investigación estima unas 2.000 personas potencialmente afectadas. San Pedro encabeza los reclamos, con 46.
Dentro de las 62 víctimas documentadas, cuatro receptores concentran G. 300.455.200, el 49,6% del daño de ese grupo. J.M.S.B., con G. 144.759.000; J.R.M., con G. 97.132.200; C.R.S.B., con G. 52.128.000; y N.M.G.M., con G. 6.436.000.
La trazabilidad examinó ocho cuentas de Binance. Registró compras P2P por 3.050.970 USDT y retiros hacia billeteras externas por 2.970.094 USDT. El documento advierte que ese volumen transaccionado no equivale al perjuicio denunciado y no debe sumarse a él.
El hallazgo clave está en el destino: 2.931.767,70 USDT, el 98,7% de lo retirado, confluyeron en dos direcciones comunes. La billetera A concentró 2.354.842,26 USDT y la B, 576.925,44 USDT; otros 38.326,30 USDT fueron enviados a direcciones externas. La estructura incluye además los perfiles J.T. y W.Q., líneas con prefijo de Hong Kong (+852) y usuarios llamados “Accionistas/Yida”, vinculados preliminarmente con una administración virtual extranjera.
La fase operativa se ejecutó el 3 de agosto de 2026 en San Ignacio, Misiones. Tres mandamientos de allanamiento alcanzaron inmuebles vinculados con C.R.S.B., J.S., J.R.M. y N.M.G.M. Se autorizó buscar e incautar teléfonos, equipos informáticos, datos, monedas virtuales y billeteras criptográficas.
El resultado expuesto es la reconstrucción de una arquitectura: captación digital, recepción local, conversión P2P, concentración de criptoactivos y salida transfronteriza. Los roles son preliminares y la individualización no determina responsabilidad penal definitiva.