Hay causas judiciales que concluyen con una sentencia condenatoria. Otras terminan en absolución luego de que un tribunal examina pruebas, escucha peritos y determina la inocencia del acusado. Pero existe una tercera categoría, mucho más cómoda para el poder: la de los expedientes millonarios que se apagan en los pasillos de los juzgados antes de llegar a la verdad.
El caso de los helicópteros de la Policía Nacional es el ejemplo perfecto de este último grupo. Supuso un perjuicio de más de G. 50.000 millones, terminó con el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola (exministro del Interior) y jamás tocó el banquillo de un juicio oral.
La causa se abrió en el 2012 para investigar compras ejecutadas durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. En el 2014, el Ministerio Público presentó una acusación formal por lesión de confianza por un monto estimado de G. 50.062 millones –más de USD 8 millones–.
No se trata de un número abstracto: en el lenguaje cotidiano, esa cifra equivale a flotas enteras de patrulleras, armamento, infraestructura policial o insumos hospitalarios. Por eso el expediente sigue siendo una bomba de tiempo en la línea de flotación de su discurso público.
Ahí radica la principal contradicción de Filizzola. Quien durante años pontificó sobre ética, transparencia e institucionalidad, terminó resolviendo su causa más pesada a través de un atajo procedimental. Para la ciudadanía, la matemática es simple: una acusación millonaria, un expediente cajoneado por años y cero explicaciones sobre el destino final de los fondos públicos.
El problema de fondo para el exministro es que no fue absuelto. Ningún tribunal examinó la compra, escuchó a los peritos ni declaró que la operación fue transparente. La causa no murió porque se haya demostrado que la acusación era una mentira; murió porque la defensa articuló un bombardeo de recursos hasta encontrar el fallo formal que desactivó el proceso.
Tras una década de chicanas y planteamientos contra las actuaciones fiscales, en el 2024 la Corte Suprema detectó una falla procesal: la acusación se había presentado sin garantizar de forma adecuada su declaración indagatoria. Apoyado en ese vicio procesal, en marzo del 2025 el juzgado dictó el sobreseimiento definitivo con la complacencia del propio Ministerio Público.
Jurídicamente, Filizzola no tiene condena y el caso está cerrado. Pero en el plano político y ético, la narrativa es aplastante. Exigir que los demás rindan cuentas en juicios públicos mientras uno se refugia en los defectos de la Fiscalía para no mostrar los papeles es el colmo de la doble moral.
Para sus defensores, el fallo fue una “reivindicación de garantías”. Para la ciudadanía, fue el uso quirúrgico del garantismo para evitar que los cheques, los contratos y los peritajes de las aeronaves fueran expuestos ante un tribunal de sentencia. Ser beneficiado por un error de trámite de la Fiscalía no limpia la gestión, simplemente impide que la verdad salga a la luz.
Ese es el verdadero estigma que arrastra Rafael Filizzola. La Justicia determinó que el proceso no podía continuar por fallas de forma. Pero lo que nunca llegó a determinar es si la compra de los helicópteros constituyó o no un despojo al Estado. G. 50.000 millones, un sobreseimiento por nulidad y ningún juicio oral: en los papeles el expediente se cerró, pero en la memoria pública la sospecha sigue tan viva como el primer día.