El documento, firmado por la abogada Zully Almirón y presentado electrónicamente al juzgado, no plantea mecanismos para cumplir con la orden de reintegro dispuesta por la jueza Greta Aquino Bittar. Por el contrario, solicita dar por terminada la relación laboral alegando que el trabajador se encuentra jubilado y pide que se tenga por presentada una liquidación de salarios caídos, preaviso y otros conceptos por un valor que ronda los 1.000 millones de guaraníes.
La presentación sostiene que, conforme al artículo 94 del Código del Trabajo, la jubilación constituye una causal para extinguir la relación laboral y que, por ello, solo corresponde pagar el preaviso y demás beneficios legales, acompañando incluso una constancia del Instituto de Previsión Social (IPS) sobre la condición de jubilado del comunicador.
Sin embargo, la estrategia procesal genera interrogantes jurídicos de enorme relevancia. La sentencia que ordenó la reposición del periodista continúa vigente y fija expresamente la reincorporación para el 24 de agosto.
En ese contexto, la defensa del comunicador, doctor Juan Martín Barba, en entrevista con La Tribuna, sostuvo que “ninguna de las partes puede sustituir unilateralmente el cumplimiento de una orden judicial por una interpretación propia de sus efectos, ya que ello corresponde exclusivamente al magistrado competente”.
De mantenerse la postura de Editorial Azeta SA y de no reincorporar efectivamente al trabajador en la fecha establecida por la jueza Greta Aquino Bittar, la empresa podría quedar expuesta a un presunto desacato o incumplimiento de una resolución judicial, cuestión que eventualmente deberá ser analizada por las autoridades competentes conforme al desarrollo del expediente, manifestó el abogado defensor.
El conflicto laboral entre Marcos Velázquez y ABC Color se ha convertido en uno de los procesos más emblemáticos sobre estabilidad laboral en empresas periodísticas del país. Luego de varios años de litigio, la Justicia concluyó que correspondía la reincorporación del comunicador, decisión que constituye un precedente relevante para la protección de trabajadores con estabilidad prevista en la legislación laboral.
Ahora, el escrito presentado por la representación legal del diario parece abrir una nueva etapa de confrontación judicial. En lugar de ejecutar la reincorporación ordenada, la empresa solicita extinguir definitivamente el vínculo laboral mediante el pago de una liquidación trasladando nuevamente al juzgado la definición sobre el alcance de la sentencia.
“Nuevamente ABC Color pretende que el periodista Velázquez deje 30 años de antigüedad en la empresa sin que se le pague la indemnización por despido, que es lo que el diario desde un principio quiso evadir y motivó el juicio. Ellos mismos reconocen que el pago de salarios caídos llega a los 1.000 millones de guaraníes, pero la indemnización, que corresponde legalmente, es por otros cientos de millones a los cuales no estamos dispuestos a renunciar”, aseguró Barba.
Añadió que la orden de reincorporación de Velázquez debe ejecutarse en los términos establecidos, y cualquier intento de reemplazarla por una liquidación económica podría ser considerado incompatible con lo resuelto por la Justicia.
“Si hay una jubilación de por medio, debe analizarse jurídicamente todo el contexto. La Justicia lo que hizo fue retrotraer toda la situación laboral de Velázquez al año 2020 cuando fue despedido y cuando no estaba jubilado. Entonces, si la patronal ahora persiste en no contar más con los servicios del señor Velázquez, no le queda otra que pagar la indemnización por despido que, repito, es algo que desde la génesis misma del conflicto la empresa pretendió evadir para no pagar a su colaborador lo que en derecho le corresponde”, enfatizó el abogado defensor.
Con la fecha del 24 de agosto cada vez más próxima, el caso vuelve a colocar bajo la lupa el comportamiento procesal de uno de los medios de comunicación más influyentes del país, pero que aparentemente no tiene mucho interés en ceñirse a las normas y leyes vigentes como en este caso.
El desenlace definirá si prevalece el cumplimiento estricto de una decisión judicial firme o si la controversia continuará prolongándose mediante nuevos incidentes procesales, con las consecuencias legales que eventualmente pudieran derivarse para quienes incumplan lo resuelto por el órgano jurisdiccional.