Rafael Filizzola pretendió erigirse como un adalid de la rectitud administrativa. Sin embargo, cuando se repasan los expedientes de su gestión al frente del Ministerio del Interior, la brecha entre la retórica moralista y la realidad judicial resulta abismal.
El caso de los helicópteros no solo representa un perjuicio patrimonial colosal —calculado en más de G. 50.000 millones—, sino que expone la paradoja del político que exige transparencia a viva voz, pero que resolvió sus propios líos judiciales a fuerza de nulidades y vicios de procedimiento.
La historia se remonta a 2012, tras las severas anomalías detectadas en la adquisición de aeronaves para la Policía Nacional. En 2014, el Ministerio Público presentó una acusación formal por lesión de confianza. Los números fríos son contundentes: más de USD 8 millones en presunto daño patrimonial. No se trataba de una cifra abstracta, sino del equivalente a cientos de patrulleras, equipamiento táctico e infraestructura de seguridad que nunca llegaron a las fuerzas del orden.
La contundencia de la acusación presagiaba un juzgamiento histórico. Sin embargo, el debate público y transparente en un juicio oral jamás llegó a producirse. Durante más de una década, la causa navegó en la bruma de los planteamientos incidentales.
Entre 2014 y 2018, la defensa del exministro articuló un abánico de recursos contra el accionar de los fiscales. La estrategia se centró en un flanco formal: alegar que no se le garantizó adecuadamente la oportunidad de prestar declaración indagatoria antes de la acusación. Finalmente, en 2024, la Corte Suprema de Justicia validó el argumento de la afectación al derecho de defensa, abriendo el camino para que, en marzo de 2025, un juzgado dictara el sobreseimiento definitivo de Filizzola con el allanamiento del propio Ministerio Público.
Jurídicamente, el asunto está concluido y Filizzola no posee condena penal. Pero políticamente, el desenlace deja un sabor amargo a impunidad técnica. El exministro no salió blanqueado tras demostrar la transparencia de la licitación, la calidad de los helicópteros o la utilidad de la inversión pública; salió beneficiado porque la Fiscalía tropezó en el laberinto del debido proceso.
A diferencia de cualquier ciudadano común que debe sentarse a probar su inocencia sobre los hechos, la defensa de Filizzola prefirió invalidar el tablero de juego. Se amparó en el manual garantista para evitar que los peritajes, los contratos y los cheques de más de G. 50.000 millones fueran sometidos al escrutinio público de un tribunal de sentencia.
La narrativa oficial de su entorno intenta pintar el sobreseimiento como una “victoria moral” y una demostración de persecución. Pero en el debate ciudadano, el truco es evidente: ser liberado por un error procedimental de la Fiscalía no equivale a haber actuado con honestidad en la función pública.
Las dudas persisten porque la sospecha sobre el destino de los recursos nunca fue despejada con pruebas, sino sepultada con papeles de trámite. Filizzola celebra la victoria en los pasillos de los tribunales, pero esquivó dar explicaciones en el único lugar donde la verdad importa: la audiencia pública. Un patrón recurrente en quien pontifica ética para sus rivales, pero abraza los formalismos cuando el banquillo de los acusados le toca a él.