El caso “Comisarías de Oro” no solo expone una causa por presunto perjuicio patrimonial contra el Estado. Pone sobre el tapete la profunda grieta entre el discurso público y la conducta judicial de Rafael Filizzola, quien construyó su identidad política presentándose como paladín de la institucionalidad y la ética, terminó apelando al manual más rancio de la dilación procesal. La controversia ya no es solo legal; es moral: ¿ejerció garantías legítimas o estructuró un plan deliberado para evitar que las pruebas se ventilaran en un tribunal?.
La historia es conocida. En 2013, la Fiscalía abrió una causa por graves irregularidades en la refacción de 24 comisarías durante su gestión al frente del Ministerio del Interior. Para 2014, el Ministerio Público presentó una acusación formal por lesión de confianza y solicitó elevar el expediente a juicio. Sin embargo, más de una década después, el banquillo de los acusados sigue vacío.
Entre 2015 y 2016, la estrategia defensiva desplegó una lluvia de nulidades contra las actuaciones fiscales. Luego vinieron los recursos ante la Corte Suprema de Justicia, incluyendo una acción de inconstitucionalidad que congeló el avance del proceso entre 2018 y 2021. Tres años de parálisis funcional con la excusa del “debido proceso”.
En 2021, la Corte destrabó el trámite al rechazar los planteamientos. Pero lejos de someterse al examen de los jueces, la defensa activó una nueva batería de frenos entre 2024 y 2025 para truncar la audiencia preliminar, incluyendo un recurso extraordinario de casación desestimado por el Máximo Tribunal. La estocada final llegó en mayo de 2025: Filizzola planteó la prescripción de la acción penal y un juez complaciente le otorgó el sobreseimiento definitivo.
Tras la apelación fiscal, el expediente cayó en la ciénaga de las recusaciones, inhibiciones y trabas para integrar la Cámara. Un esquema perverso donde el paso del tiempo dejó de ser una consecuencia para convertirse en el objetivo principal.
Aquí radica el cinismo del caso. Filizzola suele señalar con el dedo inquisidor las chicanas de sus rivales políticos, calificar el uso abusivo del derecho como impunidad y exigir celeridad a la Justicia. Sin embargo, cuando le tocó estar del otro lado de la barra, la garantía constitucional fue mutando hasta transformarse en una maniobra sistemática de desgaste.
Si bien la defensa insiste en que cada recurso respondió a “vicios procesales” y que invocar derechos no es un delito, los hechos demuestran un patrón inequívoco. La acumulación de nulidades, inconstitucionalidades, casaciones y apelaciones no buscó probar inocencia; buscó extinguir el tiempo.
La palabra “chicana” deja de ser una mera etiqueta política cuando el resultado tangible es haber neutralizado la realización del juicio oral durante doce años.
Para la ciudadanía, la discusión técnica resulta secundaria frente al espectáculo de la impunidad por cansancio. La opinión pública no desglosa incisos ni artículos; ve un exministro acusado de desviar fondos públicos que se escudó en fueros, incidentes y artilugios legales para jamás responder si las obras se hicieron o no.
Cuando la política impone la moralina pero en los tribunales se litiga al borde del fuero y la prescripción, el argumento de las “garantías” se cae por su propio peso. Rafael Filizzola no demostró su inocencia ante un tribunal de sentencia: simplemente logró que los años pasaran lo suficientemente rápido como para que la Justicia tuviera que apagar la luz e irse.