Ministra de la Corte pide mayor uso de tobilleras electrónicas

La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes destacó la importancia de utilizar dispositivos electrónicos de control como herramienta de apoyo para el cumplimiento de medidas judiciales, especialmente en casos que requieren monitoreo de restricciones de acercamiento.

| Por Estefhy Cantié
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Las tobilleras electrónicas permiten realizar un monitoreo de medidas y restricciones ordenadas judicialmente, especialmente en situaciones donde existen prohibiciones de acercamiento.

La magistrada Carolina Llanes, planteó la importancia de fortalecer la utilización de dispositivos electrónicos de control como una herramienta tecnológica destinada a acompañar el seguimiento de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales.

Durante la sesión plenaria ordinaria de este miércoles, la magistrada, en su carácter de enlace de la Oficina Técnica Penal, informó sobre el funcionamiento del sistema de tobilleras electrónicas en el país y alentó a los jueces y tribunales competentes a considerar su aplicación en los casos previstos por la normativa vigente.

Según explicó, estos dispositivos permiten realizar un monitoreo de medidas y restricciones ordenadas judicialmente, especialmente en situaciones donde existen prohibiciones de acercamiento, contribuyendo a reforzar los mecanismos de protección y prevención.

Hasta ahora, se utilizaron 141 tobilleras electrónicas

Llanes señaló que, conforme a los informes recibidos del Ministerio del Interior, hasta el 30 de junio se utilizaron 141 dispositivos electrónicos de control. En ese contexto, recordó que la Corte Suprema estableció una incorporación gradual de esta herramienta y posteriormente amplió su aplicación a todo el territorio nacional.

La ministra remarcó que la decisión de utilizar estos mecanismos corresponde a cada juez o tribunal, de acuerdo con las características de cada causa, la normativa aplicable y la disponibilidad técnica.

La implementación de estas herramientas forma parte del proceso de incorporación de tecnología al sistema judicial, con el objetivo de mejorar el seguimiento del cumplimiento de las resoluciones y brindar mayores mecanismos de control en los casos que así lo requieran.

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