Fiscalía pide juicio a hijo de “Lalo” Gomes, su abogado y escribanas

Alexander Rodrígues Gomes hizo transferencia de propiedades cuando ya estaba en la cárcel y a sabienda de que tenía prohibición de comprar y vender, dice una parte de la acusación fiscal. El abogado Óscar Tuma y dos escribanas también fueron acusados.

| Por La Tribuna
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Óscar Tuma, abogado

La fiscalía presentó acusación y pidió juicio oral para Alexander Rodríguez Gomes, hijo del ex diputado Eulalio “Lalo” Gomes, que murió el 19 de agosto de 2024 durante un operativo policial en su domicilio en Pedro Juan Caballero. Además pidió juicio para dos escribanas. Supuestamente, todos están implicados en transferencia de bienes en forma ilegal.

Los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez hicieron la presentación de la acusación por supuesto lavado de dinero, producción y uso de documentos falsos. Según el documento, Alexander Rodríguez Gomes estaba en prisión y desde ahí transfirió cuatro propiedades, con prohibición de transferir, que la familia tenía en Pedro Juan Caballero.

Los fiscales sostienen que también transfirió ocho vehículos y lo más curioso es que Rodrígues Gomes tenía “pleno conocimiento de la inhibición general de enajenar y gravar bienes” que otros jueces ordenaron en su contra en otros juicios.

Rodrígues Gomes está procesado en tres expedientes: uno por narcotráfico y lavado de dinero; otro por resistencia y atentado, porque reaccionó con un arma de tipo fusil contra una comitiva policial durante un allanamiento en su residencia en Pedro Juan Caballero, en cuyo tiroteo murió su padre.

El tercer proceso es por lavado de dinero y transferencia ilegal de bienes. La acusación presentada por los citados fiscales está vinculada a este último caso. La transferencia de inmuebles se hizo a nombre del abogado Óscar Tuma; por eso, los fiscales también piden juicio oral para este por lavado de activos. Tuma supuestamente se hizo propietario de inmuebles sujeto a comiso.

También los fiscales pidieron juicio para las escribanas Blanca Rossana Ozuna y María Luisa Verón, quienes fueron acusadas por producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso. La primera supuestamente estuvo en prisión para gestionar la venta de vehículos de Rodrigues Gomes y la segunda supuestamente certificó que Rodrígues Gómes estuvo personalmente en su oficina para la venta de vehículos, aunque él estaba en la cárcel.

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