La noche del martes pasado, el silencio de la colonia Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, fue quebrado por una balacera que terminó con la vida de tres personas y volvió a poner en alerta máxima a todo el aparato de seguridad del Estado paraguayo.
El grupo armado, hasta entonces sin identificar, irrumpió contra un puesto policial y ejecutó a sangre fría a dos agentes de la Policía Nacional y a un funcionario civil que cumplía tareas junto a ellos, este hecho, fue uno de los más violentos registrados en la región en los últimos meses y quedó de inmediato bajo la lupa de las autoridades nacionales.
Primeramente, el ministro del Interior Enrique Riera, señaló directamente al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, como el autor material de la masacre; esta confirmación fue reforzada con un informe oficial que reabrió viejas sospechas. Los peritajes balísticos realizados sobre los casquillos hallados en la escena no solo apuntaban al grupo armado, sino que además los conectaban con estructuras del crimen organizado dedicadas al narcotráfico, así lo confirmó el ministro de Defensa Óscar González.
Según explicó, el EPP no actuaría sólo, ya que, uno de los cartuchos servidos hallados en el lugar del ataque, de calibre 5,56, corresponde a un arma que ya había sido utilizada en otro golpe del EPP contra una comisaría de Ybyrarobana’í, también en Canindeyú, en mayo de 2025 y el otro casquillo, de calibre 7,62, coincide con un arma empleada en un hecho ocurrido en abril de 2020 en la zona de Laurel, atribuido entonces a una banda dedicada al tráfico de marihuana.
Coincidencias balísticas no son casuales
Para el ministro González, el EPP debilitado, se habría aliado con organizaciones narcocriminales para poder seguir operando; “Ahora los del EPP tienen que aliarse a grupos criminales para seguir operando, ya no tienen autonomía para actuar solos”, aseguró el secretario de Estado, por otro lado, paradójicamente, sostuvo que esa alianza forzada terminaría jugando en contra de los propios atacantes, al dejarlos más expuestos y brindar al Estado “muchos más elementos” para dar con su paradero.
Deciden eliminar puestos policiales
El comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero, confirmó que cerca de 200 comisarías en condiciones precarias serán demolidas, hasta que consigan fuente de financiamiento para ser reconstruidas con materiales de calidad, según explicó el alto jefe policial, la decisión responde a una realidad que hoy resulta insostenible; de las 1.122 comisarías, subcomisarías y puestos policiales que existen en todo el territorio, más de 150 son simples puestos policiales dispersos por la zona, muchos de ellos con apenas cuatro efectivos a cargo.