Por falta de arraigo, el juez penal de Garantías, Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió el arresto domiciliario del exsenador argentino Edgardo Kueider y de Iara Guinsel, en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero en Paraguay.
Kueider ya fue condenado días atrás por la justicia paraguaya a dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la condena a cambio de medidas sustitutivas por intento de contrabando de divisas a través de Ciudad del Este. También fue condenada su secretaria Iara Magdalena Guinsel a un año y 10 meses de la misma forma.
La pareja intentó introducir a Paraguay USD 211.102, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes en efectivo sin la declaración obligatoria, según la condena.
En la nueva causa el Ministerio Público investiga a Kueider y a su pareja y exsecretaria Iara Guinsel por la “supuesta utilización de una ingeniería jurídica y patrimonial”, a través de empresas pantalla como Golsur SA y Exclusiva EAS.
Según la investigación, la pareja más otras personas formaron una red y utilizaron dichas empresas para introducir dinero ilícito supuestamente al sistema financiero paraguayo. De esta manera, lograron inclusive adquirir varios departamentos en un edificio de Asunción.
La pareja llegó a comprar seis departamentos de lujo con sus respectivas cocheras en el barrio Las Mercedes de Asunción, con fondos de origen presuntamente ilícito, según la imputación fiscal.
En el mismo expediente sobre lavado de dinero, el juez Otazú ya dispuso la semana pasada medidas alternativas a la prisión contra dos argentinos que tenían supuestos vínculos con el exsenador Kueider.
Los afectados fueron José Fernando Cousirat y Amado Andrés Torales Benega. Ambos fueron imputados el 23 de junio del 2026 por las fiscalas Luz Guerrero y Verónica Valdez, fiscales de delitos económicos y anticorrupción, por lavado de dinero en calidad de coautores con Kueider y Guinsel.
Las medidas impuestas a los procesados fueron: no podrán cambiar de domicilio, de número de teléfono ni salir del país sin autorización judicial y presentarse cada mes ante el juzgado para firmar libro de comparecencia.