El Ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, detalló el despliegue de las políticas de rehabilitación y la habilitación de infraestructura de seguridad en el sistema carcelario. El titular de la cartera penitenciaria, analizó los desafíos presupuestarios y operativos durante una entrevista concedida al programa La Pelu por La Tribu 650 AM.
Exposición de productos de artesanía e integración con el sector privado
Las muestras de manufactura artesanal, exhibidas en la Expo reúnen el trabajo de 400 personas privadas de libertad provenientes de 11 centros penitenciarios.
Los talleres de confección textil, instalados en complejos como Minga Guazú y la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza elaboran prendas industriales y uniformes de trabajo.
La comercialización de artículos de cuero, como termos forrados y calzados fortalece los ingresos de los internos dedicados a la rehabilitación laboral.
Las alianzas con empresas privadas, permitieron montar plantas de confección y líneas de montaje de soportes metálicos para infraestructura escolar. Los mecanismos de redención de pena, contemplados en las reformas normativas otorgan beneficios a los reclusos que completan programas de educación o trabajo comunitario.
Las capacitaciones en mandos medios, impulsadas con apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) facilitan la obtención de diplomas de nivel secundario y universitario.
Clasificación de internos y traslados a módulos de máxima seguridad
El desmantelamiento de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, permitió separar a la población procesada de aquella que cuenta con condena firme.
La extracción de cabecillas criminales, hacia pabellones de máxima seguridad neutralizó las estructuras de extorsión que operaban en los penales. La subclasificación por niveles de riesgo, impide la interacción de internos condenados por delitos menores con perfiles de alta peligrosidad.
Las redadas de traslado masivo, reubicaron a más de 550 mujeres del antiguo penal Buen Pastor hacia el nuevo complejo habilitado en Emboscada. La eliminación de comercios informales, en los pasillos penitenciarios dio paso a billeteras electrónicas digitales para evitar la circulación de dinero en efectivo.
Las revisiones de seguridad en los accesos, erradicaron los privilegios indebidos y el ingreso de sustancias prohibidas a las celdas.
Salud mental y programas de servicio comunitario en escuelas públicas
La incorporación de profesionales de la salud, permitió elevar la cobertura psiquiátrica y psicológica en la red penitenciaria nacional. La evaluación diagnóstica de los juzgados, requiere dictámenes actualizados sobre el estado mental de los internos para analizar medidas alternativas a la prisión.
Las rutinas de atención médica, atienden a más de 13.000 procesados que aguardan la definición de sus causas judiciales.
El programa de servicio comunitario, posibilitó la reparación y desinfección de 35 escuelas públicas en el departamento de Alto Paraná antes del inicio del año lectivo. Las cuadrillas de mantenimiento urbano, participan en limpiezas municipales y jornadas de erradicación de criaderos de mosquitos.
La acumulación de días de trabajo, descuenta plazos de condena bajo la supervisión de los jueces de ejecución penal.
Atención a la maternidad y reestructuración de pabellones femeninos
El traslado de mujeres embarazadas, al centro Serafina Dávalos de Coronel Oviedo garantizó cercanía inmediata con centros asistenciales de alta complejidad.
Los nacimientos en recintos asistenciales, registraron cuatro intervenciones médicas exitosas con asistencia de profesionales del área de la salud pública.
La instalación de guarderías infantiles, brinda acompañamiento psicopedagógico a niños menores de cuatro años que permanecen con sus madres.
Los módulos diferenciados de reclusión, garantizan el cumplimiento de las garantías constitucionales para la población femenina sin antecedentes violentos.
Las obras de adecuación edilicia, resolvieron los inconvenientes de suministro de agua potable y climatización reportados durante las primeras semanas de mudanza. Los horarios estricto de visitas, institucionalizaron el régimen interno eliminando los desórdenes observados en gestiones pasadas.
Dignificación salarial del personal y combate a la corrupción interna
El proceso de recategorización salarial, benefició a los funcionarios nombrados y guardiácarceles contratados tras doce años de estancamiento remunerativo.
La formación en institutos técnicos, eleva la capacitación del capital humano asignado al resguardo de los establecimientos penitenciarios. Las inversiones presupuestarias en seguridad, buscan prevenir esquemas de soborno promovidos por bandas del crimen organizado.
El cierre de cinco penales mixtos, eliminó la convivencia de hombres y mujeres en dependencias de Concepción, San Pedro y Pedro Juan Caballero.
Las sanciones a directores infractores, derivaron en procesos penales contra autoridades comprometidas con actos de corrupción interna. La construcción de un modelo penitenciario eficiente, avanzará mediante la ejecución de políticas públicas integrales lideradas por el Ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.