El cálculo se realiza a partir de la información recibida por los investigadores de que el curso ofrecido por la Facultad Interamericana de Ciencias de la Educación tenía un costo de seis mil dólares y contaba con 260 alumnos brasileños.
Esto da un ingreso de US$1.560.000 que al cambio a seis mil guaraníes dan G.9.360.000. Estro es indagado por el fiscal Aldo Cantero, que al recibir la denuncia del Ministerio de Educación y Ciencias procedió a allanar un salón de un céntrico hotel, en donde se realizaba el seminario, que formaba parte de dicho curso.
Ese mismo día el fiscal Aldo Cantero imputó por estafa y producción de documentos no auténtico a Ismael Fenner, brasileño, responsable de la Facultad, quien utilizó el registros del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales, de la cual fue socio para dar legalidad al centro de estudio que está a su cargo.
“Conforme a los elementos de convicción reunidos hasta el presente estadio procesal, esta Representación Fiscal sostiene, con el grado de sospecha exigido por el artículo 302 del Código Procesal Penal, que el ciudadano ISMAEL FENNER, conjuntamente con otras personas cuya individualización continúa siendo objeto de investigación, habría integrado una estructura organizada destinada a ofrecer, promocionar y desarrollar programas académicos de maestría y doctorado que carecían de habilitación y reconocimiento oficial en la República del Paraguay, utilizando para ello indebidamente la identidad institucional, el prestigio, la denominación y las facultades correspondientes al Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS) y de otras instituciones de educación superior legalmente reconocidas, sin autorización alguna” dce parte de la imputación”.
Luego explica el modus operandi: “En ejecución de dicho esquema, el ahora imputado habría captado principalmente ciudadanos de nacionalidad brasileña, ofreciéndoles programas de posgrado supuestamente reconocidos por las autoridades educativas paraguayas y aptos para producir efectos académicos y profesionales en la República Federativa del Brasil, percibiendo sumas de dinero en concepto de matrículas, aranceles e inscripciones”.
Añade: “No obstante, las diligencias investigativas permitieron advertir que, para conferir apariencia de legitimidad a dichas actividades académicas y hacer creer a los alumnos que los programas ofrecidos contaban con respaldo legal, el imputado presuntamente confeccionó, produjo, hizo producir, utilizó o puso en circulación documentos que aparentaban haber sido expedidos por instituciones educativas legalmente habilitadas y por organismos oficiales de la República del Paraguay, entre ellos resoluciones administrativas, certificados, diplomas, constancias académicas, programas de estudio, legalizaciones y demás instrumentos documentales que, conforme a los elementos reunidos, carecerían de autenticidad”.