Generalmente esto se expone cuando se trata de un político vinculado con el gobierno de turno o el anterior, en el caso puntual del actual senador Rafael Filizzola miembro de la oposición, la cuestión trasciende a la clase política en su conjunto: ¿cómo puede una causa por presuntas irregularidades en obras estatales permanecer más de diez años sin llegar a juicio oral? ¿Y por qué cuando esto sucede con representantes de la oposición algunos medios insisten con persecución política y no critican las chicanas?
El expediente se originó en investigaciones sobre la refacción y adecuación de 24 comisarías del área metropolitana durante la gestión de Rafael Filizzola como ministro del Interior.
La Fiscalía presentó acusación en 2014 por supuesta lesión de confianza y atribuyó un perjuicio patrimonial cuyo monto varía según las publicaciones y las etapas del proceso. Algunas fuentes hablan de alrededor de G. 1.200 millones. Esa diferencia exige prudencia y acceso al expediente completo antes de presentar un monto como definitivo.
Lo que no está en discusión es la duración del proceso. Durante años se promovieron nulidades, apelaciones, acciones de inconstitucionalidad, recursos ante la Corte y cuestionamientos a distintas actuaciones fiscales y judiciales. La defensa sostuvo que esos planteamientos buscaban garantizar el debido proceso. Sus críticos los interpretaron como una estrategia que impidió que el caso avanzara hasta un tribunal de sentencia.
En mayo de 2025, un juzgado declaró la prescripción de la acción penal y dictó el sobreseimiento definitivo. Sin embargo, la Fiscalía apeló esa decisión. Al corte del informe analizado, la discusión seguía pendiente, con dificultades para integrar el Tribunal de Apelación encargado de resolver si corresponde confirmar o revocar la prescripción.
La controversia, por tanto, no puede resumirse afirmando que Filizzola fue condenado, porque no existe condena. Tampoco puede decirse que un tribunal de sentencia analizó las pruebas y lo absolvió, porque el juicio oral nunca se realizó. El expediente quedó atrapado en una extensa discusión procesal.
Ese es el principal costo para la justicia y la democracia. Después de más de una década, la ciudadanía no cuenta con una sentencia de fondo que determine si hubo responsabilidad penal o si la acusación carecía de sustento. Existe una resolución favorable por prescripción, pero todavía discutida por la Fiscalía en la instancia correspondiente.
Las garantías procesales deben respetarse incluso en las causas de mayor exposición política. Pero también corresponde preguntarse por qué el sistema judicial permitió que un expediente de interés público llegara a este punto.
En Comisarías de Oro, el paso del tiempo no resolvió las dudas, mientras algunos medios de comunicación protegen al legislador ya que el mismo le sirve para amplificar el relato afín a sus intereses corporativos desde el Congreso Nacional.