El director general de Establecimientos Penitenciarios, el coronel retirado Rubén Peña, denunció que las propias autoridades de seguridad interna de los penales son quienes destruyen de manera intencional las herramientas tecnológicas de control para mantener el lucrativo negocio ilícito del ingreso de drogas y celulares.
El titular operativo del sistema de prisiones, lamentó la profunda corrupción transversal que carcome la estructura de custodia de las distintas penitenciarías nacionales.
El funcionario gubernamental expuso que la falta de confiabilidad del personal de guardia, ellos sabotean cualquier esfuerzo de reforma estructural profunda, durante una entrevista con el programa Espresso informativo por La Tribu 650 AM.
Operativo de requisa sin precedentes en Coronel Oviedo
La intervención de seguridad conjunta, coordinada entre las unidades de inteligencia del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, derivó en la incautación de quinientos diecisiete teléfonos celulares en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. El procedimiento de control masivo, requirió el despliegue estratégico de trescientos efectivos policiales y cien agentes penitenciarios de refuerzo. El director general catalogó el hallazgo como un hecho histórico sin precedentes en el esquema penal paraguayo, debido a que el veinticinco por ciento de la población recluida en dicho centro penitenciario poseía un dispositivo móvil activo.
La preocupante vigencia de guardias procesados por fuga
La crisis de confiabilidad interna, quedó en evidencia tras la detención de un guardia penitenciario en Pedro Juan Caballero que transportaba dos kilogramos de marihuana. El agente de seguridad estatal, quien cuenta con once años de antigüedad laboral, se dirigía a prestar servicio ordinario a pesar de encontrarse plenamente procesado por complicidad en una fuga masiva de reclusos ocurrida tiempo atrás. El titular de establecimientos penitenciarios, admitió que la presunción de inocencia y las trabas legales de desvinculación del sector público impiden separar del cargo a los funcionarios que se encuentran bajo sospecha judicial directa de delincuencia.
Propuesta de control triple y tercerización tecnológica
La dirección de establecimientos, planteó a las autoridades superiores del Ejecutivo la implementación de un sistema tercerizado de control para evitar los sabotajes internos. La iniciativa contempla la instalación de inhibidores de señal de alta potencia, escáneres de cuerpo entero y un protocolo de triple validación externa que excluya de la administración de los equipos a los guardiacárceles tradicionales. El coronel Rubén Peña fundamentó que la emergencia penitenciaria vigente desde hace cuatro años en el país, exige aplicar medidas drásticas inmediatas que impidan que los operadores de los escáneres sigan apagando o dañando los dispositivos de forma intencional.
Limitaciones de traslados y desarraigo del personal público
El marco regulatorio del funcionariado, restringe las facultades de la dirección general a la aplicación de traslados de personal dentro de un radio de sesenta kilómetros para evitar planteamientos judiciales por desarraigo. Esta limitación jurídica, dificulta la purga de agentes penitenciarios corruptos tras los operativos ejecutados en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y otros centros de la Región Oriental. El director del sistema concluyó, que el nuevo modelo de gestión penitenciaria solo será viable en la medida en que se consolide un cuerpo de custodia profesionalizado que reemplace definitivamente a los operadores actuales de la vigilancia.