El magistrado penal de garantías, el juez Osmar Legal, ordenó la revocación de las medidas ambulatorias y decretó el arresto domiciliario de los familiares procesados del diputado Esteban Samaniego. La determinación judicial afecta directamente a la madre y a la esposa del legislador tras registrarse un total de 8 suspensiones de la audiencia preliminar mediante la presentación de recursos dilatorios y recusaciones de último momento. El magistrado Osmar Legal confirmó la aplicación de medidas de control con tobillera electrónica para asegurar el sometimiento de los imputados a las convocatorias de la justicia penal de delitos económicos. Las resoluciones del juzgado pretenden destrabar la parálisis del proceso y sentar precedentes estrictos contra el abuso de las herramientas procesales en el programa Espresso informativo por La Tribu 650 AM.
Maniobras de las defensas y peligro de prescripción de la causa penal
Las reiteradas chicanas planteadas por los representantes legales de los procesados buscan forzar la extinción de la persecución penal antes de la apertura de la etapa de juicio oral.
El juzgado penal advirtió que la causa registra el riesgo de prescribir durante el transcurso del próximo año si persisten las maniobras que impiden la realización de la audiencia preliminar obligatoria.
Las maniobras defensivas se intensificaron mediante una última recusación bajo patrocinio de abogado radicada minutos antes del inicio del acto procesal. El Tribunal de Apelación destrabó el recurso en forma célere, devolviendo la competencia al magistrado para dictaminar las nuevas restricciones preventivas de oficio.
Desvío de fondos para obras públicas municipales y lavado de dinero
La hipótesis del Ministerio Público detalla la existencia de una estructura delictiva dedicada a la apropiación de recursos estatales destinados al desarrollo de infraestructuras comunitarias.
Las investigaciones fiscales apuntan a un perjuicio patrimonial de más de 1.000 millones de guaraníes perpetrado durante el periodo de la gestión municipal de la intendencia en el año 2017.
Las pericias contables revelaron la creación de empresas ficticias y el cobro de cheques por parte de personas del círculo íntimo y familiar del parlamentario. La acusación del Ministerio Público atribuye cargos por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal con un estado de certeza documental de cerca de 14 personas implicadas.
Financiamiento de viviendas de lujo y cargos públicos vigentes
El rastreo de los activos financieros permitió identificar que una fracción importante del dinero desviado de las arcas públicas se destinó a la edificación de inmuebles de alto valor.
Según el Ministerio Público los fondos públicos financiaron la construcción de una mansión residencial perteneciente al núcleo familiar investigado. La esposa del diputado, la señora Patricia Corbalán, ejerce actualmente como intendenta del mismo municipio y se encuentra bajo el régimen de arresto domiciliario dictado por el juzgado de garantías.
Entre las procesadas figura además la ciudadana Ruth Mercedes Medina Yegros, quien mantiene una postulación activa para la intendencia de la localidad afectada.
Omisión de la Cámara de Diputados ante el pedido de desafuero
La inmunidad parlamentaria se constituyó en un obstáculo temporal para el avance de las diligencias investigativas en lo que respecta a la cabeza visible de la organización. El juzgado penal reiteró el pedido de desafuero contra el diputado Esteban Samaniego sin obtener una respuesta o resolución por parte del pleno de la Cámara de Diputados. Las autoridades judiciales recordaron los antecedentes de dilaciones legislativas de periodos anteriores donde los parlamentarios mantuvieron sus fueros hasta la finalización de sus mandatos constitucionales. La desnaturalización de la protección parlamentaria posterga el sometimiento del legislador, quien enfrenta idénticas tipificaciones penales en carácter de ordenador de gastos.