Por mayoría de votos, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar de oficio una investigación preliminar sobre jueces y fiscales que intervinieron en el caso que derivó en la condena al Estado Paraguayo a indemnizar a la docente Clementina Ruiz Díaz Ojeda, quien fue privada de su libertad por casi tres años por un error judicial.
“Por mayoría de votos, el Jurado resuelve ‘iniciar de oficio una investigación previa’ en virtud de lo preceptuado en el artículo 18 de la ley n.° 6814/2021, en consecuencia librar oficio a fin de traer a la vista informes pormenorizados y la remisión de todos los antecedentes que guardan relación con la información obtenida, tanto expedientes de Sede Penal como de Sede Civil”, dice la resolución del JEM.
El miembro preopinante fue Enrique Berni, preopinante, quien se explayó sobre demanda que había sido presentadas por la docente Ruiz Díaz Ojeda por daños y perjuicios a raíz de su reclusión injusta en el penal del Buen Pastor, desde el 25 de octubre de 2013 al 1 de agosto de 2016, por lo que debe cobrar una indemnización de G. 800.000.000.
En el caso de Clementina, nada se probó en el juicio. La mujer dio a luz por cesárea el 6 de septiembre de 2013 en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). Cuando le dieron de alta viajó en colectivo hasta su casa ubicada en la compañía Pacheco, de Carapeguá. Durante el viaje, su bebé se atragantó con leche materna, según la defensa. Enterró a su criatura en el patio de su casa.
El antecedente del caso dice que varios vecinos fueron a denunciar ante la autoridad educativa la ausencia del bebé. El 23 de octubre del mismo año, el fiscal Darío Baudelio Villagra le imputó a la docente por homicidio doloso. Al día siguiente, intervino un médico forense que no pudo realizar la autopsia por deterioro del cuerpo de la criatura.
El mismo día que el fiscal imputó a Clementina, el juez penal de Garantías Víctor Vega ordenó su prisión. Después de estar encarcelada dos años nueve meses y siete días, el 1 de agosto de 2016 fue absuelta de culpa y pena por un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Gerardo Ruiz Díaz, Hugo Ignacio Ríos y Jorge Daniel Giménez.
El Tribunal le liberó por falta de pruebas e impuso las costas al Estado paraguayo.
El fallo expresamente habla del error material del fiscal y el juez por no observar en el informe del médico forense que no se podía hacer la autopsia por el alto grado de putrefacción», expuso el miembro del Jurado.
Luego siguió el calvario para cobrar su indemnización durante 8 años. La defensa reclamó inicialmente más de G. 1.627 millones por daño moral y daño emergente. En febrero de 2024, el juez civil José Guillermo Trovato Fleitas resolvió condenar al Estado paraguayo al pago de G. 853.122.437 por lucro cesante y daño moral, más intereses del 2,3% mensual desde julio de 2018.
La sentencia fue ratificada por mayoría por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrado por Juan Carlos Paredes Bordón, Arnaldo Martínez Rozzano y Antonia López de Gómez.