El Ministerio Público formuló imputación contra el empresario Jaime José Benítez Domínguez, presidente y representante legal de Alpha Sociedad Anónima, propietaria de Alpha College Paraguay, por la presunta comisión del hecho punible de Violación de los Derechos de Marca.
La conducta atribuida fue calificada como Violación de los Derechos de Marca, hecho previsto y penado en el artículo 184 del Código Penal Paraguayo. La agente fiscal titular de la Unidad Especializada en Propiedad Intelectual y Contrabando, solicitó además un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación
El Ministerio Público sostiene que la institución educativa habría seguido utilizando denominaciones, elementos gráficos y referencias comerciales asociadas a la Universidad Americana tras el vencimiento de la autorización contractual.
La investigación fue impulsada tras una denuncia presentada por la firma Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial S.A.E. (INCADE S.A.E.), titular de los registros marcarios vinculados a la Universidad Americana, que sostiene que la autorización para el uso de dichas marcas concluyó el 1 de enero de 2023.
Según el acta de imputación, la Fiscalía considera que Alpha College habría continuado utilizando sin autorización marcas registradas, denominaciones comerciales, elementos gráficos y referencias institucionales asociadas a la Universidad Americana, incluso se presentaba públicamente como “Alpha College – Colegio de la Universidad Americana”.
La imputación señala además que la utilización de la denominación, la identidad visual y la tipografía coincidente con los registros marcarios vigentes podría haber generado en estudiantes, padres y consumidores la percepción de una vinculación institucional o comercial que, según la denuncia, ya no existía.
Entre las evidencias reunidas por el Ministerio Público, según la imputación, figuran contratos suscritos entre las partes, certificados de registro y renovación de marcas, actas notariales, capturas de pantalla del portal institucional, intimaciones formales remitidas a la institución educativa e informes técnicos especializados elaborados en el marco de la investigación.
La fiscala Rodríguez al juez Delmás requirió la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales, la prohibición de salir del país y la prestación de caución personal o real.