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Sebastián Marset se expone a pena de cadena perpetua

El uruguayo Sebastián Marset requerido en nuestro país por el caso A Ultranza Py se expone a cadena perpetua. Es que la fiscalía de los Estados Unidos que, en un principio lo acusó por lavado de activo, ahora le agregó el cargo de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína.

| Por La Tribuna
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Sebastián Marset en el momento en que es extraditado a Estados Unidos.

La Fiscalía Federal de Estados Unidos presentó una segunda acusación en la que incluye los delitos de conspiración para cometer narcoterrismo y conspiración para traficar cocaína por vía marítima, advierte el diario El Deber de Bolivia, país donde Marset fue detenido el pasado 13 de marzo y luego extraditado a Estados Unidos por el cargo de lavado de activos.

La publicación refiere que si ambas acusaciones prosperan, el procesado en Paraguay por el caso a Ultranza Py podría recibir una condena a cadena perpetua en una prisión federal norteamericana.

La causa penal se tramita la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, donde inicialmente Marset enfrentaba únicamente cargos relacionados con lavado de dinero, con un marco penal de 20 años de cárcel.

La nueva imputación fue revelada por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) una plataforma global de periodismo de investigación constituida como una organización sin fines de lucro, con sede en Washington

La publicación refiere que el delito conspiración para cometer narcoterrorismo está tipificado en el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 960 a. La norma fue aprobada para sancionar a quienes participan en operaciones internacionales de narcotráfico, proporcionando apoyo material a organizaciones vinculadas con actividades terroristas. La disposición establece como pena máxima la cadena perpetua, además de multas millonarias.

La acusación, refiere el diario El Deber que, entre 2018 y marzo de 2026, Marset habría conspirado para fabricar, distribuir y poseer cocaína con intención de comercializarla, mientras brindaba apoyo material a una organización involucrada en actividades terroristas. Según los fiscales estadounidenses, esa organización corresponde a la estructura criminal que el uruguayo dirigía y que movilizaba toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia distintos mercados internacionales, especialmente Europa.

Mientras que la conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos está previsto en el Maritime Drug Law Enforcement Act, contenido en el Título 46 del Código de los Estados Unidos, Secciones 70503 y 70506, en concordancia con el Título 21, Sección 960.

Dependiendo de la cantidad de droga atribuida —como ocurre en este caso, donde la acusación menciona aproximadamente 1,7 toneladas de cocaína interceptadas en el Caribe en junio de 2024—, la legislación también contempla la cadena perpetua como sanción máxima. La acusación da cuenta que Marset coordinó, junto con integrantes del colombianoClan del Golfo, el envío de esa carga de cocaína desde Colombia hacia Costa Rica mediante una lancha rápida. Las autoridades colombianas interceptaron la embarcación y recuperaron cerca de 1.653 kilogramos de cocaína que habían sido arrojados al mar durante la persecución.

Tres puntos clave

1- Días atrás Sebastián Marset cesó a los abogados que lo venían representando desde su llegada a Estados Unidos y anunció la contratación de un nuevo equipo, encabezado por los abogados norteamericanos Robert Feitel y Sandi S. Rhee.

2- El cambio de equipo jurídico estuvo acompañado por una carta enviada al juez federal Rossie D. Alston Jr., en la que Marset denunció supuestas vulneraciones a sus derechos desde su captura en Bolivia y acusó a agentes de la DEA de haber intentado presionar a su madre, mediante mensajes de WhatsApp, para obtener las claves de acceso a una billetera de criptomonedas valorada en alrededor de cuatro millones de dólares.

3. Para hoy, está prevista una audiencia clave en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, en la cual será procesada la nueva acusación presentada contra el ciudadano uruguayo, preso en el referido estado.

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