El juez Rodrigo Estigarribia procesó a Belinda Noelia Gómez Cattebeke, excónsul paraguaya en Clorinda, Argentina; trabó embargo preventivo sobre un inmueble ofrecido como caución real por G. 300 millones y dictó otras medidas alternativas a la prisión.
La denuncia fue realizada por la Cancillería paraguaya y luego la Fiscalía presentó la imputación en su contra por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. El juez admitió esta imputación, que el fiscal Jorge Arce presentó el pasado lunes.
La Fiscalía informó que la auditoría abarcó las verificaciones de los ingresos, gastos de operación y mantenimiento, recursos humanos, inventario de pasaportes y patrimonio de la representación consular y fue realizada en base a la muestra selectiva de documentos proveídos por el Consulado de Paraguay en Clorinda.
La muestra selectiva comprendió los meses de junio a diciembre del año 2019, los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022 y los meses de enero a mayo de 2023. Según la auditoría muchas facturas utilizadas en las rendiciones de cuentas de la ahora procesada ante el Departamento de Rendición de Cuentas y Servicios Exterior dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Cancillería, serían falsas.
Al ser consultadas las claves únicas de identificación tributaria (CUIT) que figuran en cada comprobante legal, en el portal de la Administración Federal de Ingresos Públicos del Gobierno Argentino, el resultado arrojaría que estas CUIT no existirían, según la imputación.
También se habría usado un mismo código QR en varias facturas, el cual al escanear remite al portal de la AFIP y arrojaría datos diferentes a los consignados de las facturas como ser: fecha de emisión del comprobante, número de comprobante, importe total de la operación, número CUIT y documento del receptor del comprobante.
Igualmente, Gómez Cattebeke habría rendido cuentas con recibos de dinero, estos documentos GOM (Gastos de Operación y Mantenimiento) habrían sido utilizados para avalar supuestos gastos.
De lo expuesto, en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 se derivó en un probable perjuicio patrimonial de 15.662.092 pesos argentinos (quince millones seiscientos sesenta y dos mil noventa y dos pesos argentinos) equivalente, al cambio de dichos años, a la suma de USD. 86.085,00 (dólares ochenta y seis mil ochenta y cinco con cero centavos), según la imputación.
El juez Rodrigo Estigarribia impuso a la procesada la obligación de presentarse trimestralmente al juzgado, la prohibición de salir del país y la obligación de informar cualquier cambio de domicilio.