La exjueza Carmen Silva fue acusada por los fiscales de la Unidad Anticorrupción por cohecho pasivo agravado (coima), prevaricato y frustración de la persecución y ejecución penal, mientras que su excolega Ana Graciela Aguirre por cohecho y prevaricato.
La acusación se basa en los chats filtrados del exdiputado colorado “Lalo” Gomes abatido el 19 de agosto del pasado año en su residencia de Pedro Juan Caballero, como parte del operativo “Pavo Real”, que tenía como objetivo dar con los bienes que dejó en Paraguay el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, quien cumple condena en Brasil.
En los respectivos aparatos móviles de Lalo, incautados por la Fiscalía, fueron halladas conversaciones que comprometen a ambas magistradas.
En ellas se observa el pedido de favores por parte de las exjuezas para que Lalo, producto de su influencia política, intermedie ante el Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura o la Corte Suprema de Justicia, en situaciones que podrían favorecer a ambas.
Tanto Carmen Silva como Ana Aguirre integraron el Tribunal de Sentencia que absolvió a Waldemar Pereira, alias “Cachorrão”, único detenido por el asesinato del periodista Leo Veras, ocurrido el 12 de febrero de 2020, en Pedro Juan Caballero.
Lalo Gomes habría abogado por Leo Veras para que sea absuelto.
Cachorrão había sido detenido en un operativo llevado adelante por el entonces fiscal Marcelo Pecci.
La Cámara de Apelaciones, tras una presentación del fiscal Andrés Arriola, quien reemplazó a Pecci tras su magnicidio en Colombia, revocó el fallo, pero al procesado nunca más lo encontraron.
Carmen Silva además se mostraba predispuesta a ayudar para responder a los pedidos de Lalo, con la condición de que la ayude a ser nombrada jueza de Garantías. También informaba a Lalo de los procedimientos que se iban a realizar en Pedro Juan.
Lo mismo ocurría con Ana Aguirre, quien requería ayuda por una causa que afrontaba ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Luego de que se conocieran los chats, las entonces magistradas fueron enjuiciadas por el JEM y la Corte Suprema de Justicia las suspendió de sus funciones.
Finalmente, las dos renunciaron al cargo de magistrada, pero el proceso penal en contra de ambas continúa.
A partir de la presentación fiscal, el juez Rodrigo Estigarribia debe fijar fecha para la audiencia preliminar, durante la cual se sustanciará el proceso y luego se resolverá si la causa se eleva a juicio oral y público.