El abogado Claudio Lovera confirmó la existencia de recursos judiciales pendientes dentro de la causa abierta por lavado de dinero.
De este modo, los tribunales procesan las impugnaciones planteadas por las defensas antes de fijar la audiencia preliminar correspondiente de oficio.
Frente a este escenario, la apertura de una cuenta judicial permitió acreditar los fondos provenientes del comiso especial al Banco Atlas.
Al respecto, las pesquisas fiscales determinaron conductas que perjudicaron gravemente el patrimonio institucional reportadas según dijo a Espresso informativo por La Tribu 650 AM.
Maniobras de triangulación financiera y el rol de las firmas administradoras
El perjuicio financiero inicial totalizó la suma de 44.000.000 de dólares bajo la modalidad de desvíos de cuentas corrientes.
Con este propósito, el imputado Nicolás Leoz firmó contratos de fideicomisos inmobiliarios durante el transcurso del año 2016 de forma fraudulenta.
Por otra parte, el procesado cumplía prisión preventiva domiciliaria a pedido de la justicia de los Estados Unidos desde mediados de 2015.
En este sentido, la operación jurídica buscaba blindar los bienes raíces transfiriendo la titularidad del patrimonio fuera del alcance penal.
Intervención de dos conglomerados de loteamiento en el territorio nacional
La investigación fiscal detectó transacciones comerciales directas en efectivo realizadas por el expresidente para la adquisición de las propiedades.
Bajo estas condiciones, los contratos cedieron la gestión operativa a las firmas Inmobiliaria del Este y Raíces para el loteamiento residencial.
Igualmente, los recursos económicos obtenidos por las ventas terminaban depositados en cuentas fiduciarias que eran consideradas inalcanzables por los defensores.
A todo esto, la fiscalía analiza entre 16 y 17 inmuebles cuyos años de compra coinciden con los desvíos financieros.
Obligaciones del Ministerio Público bajo el principio de legalidad procesal
La auditoría forense realizada en el año 2016 identificó 4 modalidades delictivas de extracción de capitales institucionales de la confederación.
A partir de ahí, los peritos estimaron que el daño general real oscila entre los 120.000.000 y 130.000.000 de dólares corrientes.
Paralelamente, los agentes fiscales tienen la obligación constitucional de indagar los indicios criminales basándose en el principio de legalidad.
Sobre este punto, las autoridades judiciales rechazan la selección arbitraria de causas para garantizar la igualdad ante las leyes de la República.
Recuperación de activos mediante las gestiones en las sedes extranjeras
La confederación sudamericana restituyó un total aproximado de 120.000.000 de dólares mediante las demandas promovidas en los tribunales internacionales.
Por esta razón, las gestiones bilaterales ante la justicia suiza permitieron recuperar 55.000.000 de dólares pertenecientes a las cuentas bloqueadas.
Finalmente, las demandas civiles en los Estados Unidos sumaron un monto cercano a los 70.000.000 de dólares para la matriz.
Así las cosas, las herramientas de embargo aseguran que el delito no rinda beneficios económicos a los actores vinculados al fraude.