A pedido de los fiscales Christian J. Ortiz, José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo y Juan Ramón Sandoval, el juez penal de Garantías Francisco Acevedo autorizó la extracción de datos de 11 teléfonos celulares, 4 iPads y una MacBook.
Los dispositivos electrónicos fueron incautados de la empresaria Dalia López, procesada por uso de documentos públicos de contenido falso y otros, en la misma causa en la que el exfutbolista Ronaldinho Gaúcho, no solo estuvo imputado, sino también privado de su libertad.
Para la realización de dicha diligencia, los representantes fiscales proponen a la perito informática Laia Belén Vega Ortigoza, del Laboratorio Forense del Ministerio Público.
Con la pretensión de acceder al contenido de los aparatos celulares, simcards, Ipads y MacBook incautados, el Ministerio Público busca llevar a determinar las actividades desplegadas por la imputada en los hechos punibles que esté relacionado a los tipos penales de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, por lo que la autorización judicial para el análisis resulta idónea y pertinente.
La resolución permite a la Fiscalía acceder a mensajes de texto, WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, registros de llamadas, contactos, fotografías, videos, correos electrónicos, documentos, archivos descargados e historial de navegación, incluidos datos eliminados, por considerar que podrían aportar elementos relevantes para esclarecer los hechos investigados.
“La extracción de datos es un acto procesal coercitivo; vale decir, no requiere aprobación ni consentimiento de la parte afectada; sin embargo, la defensa técnica en audiencia de fecha 27 de mayo del 2026 se ha allanado a la prórroga extraordinaria y a la realización de los actos investigativos solicitados por el Ministerio Público, entre ellos la presente autorización judicial”, sostiene el juez.
Dalia López, de 55 años, fue imputada en el 2021, pero estuvo prófuga de la Justicia hasta el 2 de abril del 2026, fecha en que fue detenida en un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Herrera de Asunción.
Ella insistió varias veces en obtener el arresto domiciliario, pero el juez le otorgó este pedido recién el 13 de mayo del 2026, luego de que ella haya ofrecido una millonaria caución real, consistente en 4 inmuebles cuyo valor totalizan USD 1.672.276. Además dispuso que utilice la tobillera electrónica.