Tras la audiencia preliminar y a pedido de los fiscales Giovanni Grissetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle, el juez penal de Garantías, especializado en delitos económicos y anticorrupción, Humberto Otazú resolvió el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Martha Benítez, quienes fueron investigados por lesión de confianza en la causa conocida como Metrobús.
Los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo tras concluir que durante la gestión de Jiménez Gaona no hubo actuación irregular y que no existen elementos suficientes para llevar la causa a juicio oral y público, ya que el MOPC no pagó por prestaciones que no recibió.
Según los agentes del Ministerio Público, en la mencionada fallida construcción del carril del transporte público que tenía proyectado extenderse desde San Lorenzo a Asunción no hubo malversación de fondos por parte de Jiménez Gaona; además, las obras avanzaron en un 40 por ciento, que en su momento fueron verificadas y certificadas por expertos internacionales.
Los mencionados fiscales argumentaron en su escrito de pedido de sobreseimiento definitivo que los abogados del extitular del MOPC presentaron rendiciones de cuentas de todos los ejercicios fiscales, que tuvieron el visto bueno del Tribunal de Cuentas. Inclusive, el representante de la Procuraduría General del Estado se allanó al sobreseimiento definitivo, al decir que no hubo daño patrimonial contra el Estado paraguayo.
La determinación judicial se formalizó tras el requerimiento conclusivo presentado por los agentes fiscales asignados a la causa, quienes rectificaron la tesitura acusatoria inicial para solicitar la extinción definitiva de las responsabilidades penales atribuidas al exadministrador de la cartera vial.
En abril del 2024, la fiscala María Estefanía González había presentado la acusación contra ambas personas y pidió que la causa se eleve a juicio oral y público.
Posteriormente, la mencionada agente del Ministerio Público ascendió a fiscala adjunta y el caso pasó a los fiscales Giovanni Grissetti, Nathalia Silva y Yeymi Adle quienes dieron un giro radical a la causa, al pedir el sobreseimiento definitivo tanto de Jiménez Gaona como de Benítez.
A raíz del fallido proyecto, el Estado paraguayo fue condenado a pagar USD 16.000.000 a la firma constructora Mota-Engil en el 2023.