La Fiscalía inicia investigación contra las exautoridades del Instituto de Previsión Social (IPS). El principal de ellos es Jorge Brítez, que fue presidente de esta institución desde el inicio del gobierno de Santiago Peña hasta abril del presente año.
La investigación se hará por presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y malversación de fondos dentro de la previsional. Otro de los investigados será Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, exgerente de abastecimiento y logística del IPS, que estuvo en el cargo desde agosto del 2023 hasta febrero del 2026.
La resolución número 1817 firmada por el fiscal general señala que la denuncia fue presentada por los abogados Juan José Bernis y María Muñoz, en contra de las citadas personas y otras no mencionadas en el documento, pero que figuran en la denuncia. Agrega que no se descarta que en el transcurso de los trabajos se agreguen más hechos punibles. La denuncia tiene fecha de 13 de mayo del 2026 y pide investigar desde el inicio del gobierno de Santiago Peña hasta abril del presente año.
El fiscal general designó al equipo de agentes investigadores: Nancy Salomón, recientemente nombrada fiscala adjunta, y los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvia González y Silvio Corbeta.
Según reveló el actual presidente de IPS, Isaías Fretes, que fue designado el 22 de abril del presente año, actualmente esta institución se encuentra desabastecida, muchos locales no funcionan e inclusive se pagan por equipos que en realidad no existen.
La denuncia presentada ante la Fiscalía va también contra los miembros del Consejo de Administración de IPS por presuntos negociados en la adjudicación en licitaciones, que alcanzarían un perjuicio total de G. 391.574.472.965 al ente previsional.
La denuncia cita principalmente a Jorge Magno Brítez Acosta, expresidente del IPS; Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, exgerente de abastecimiento y logística del IPS; Alicia Celeste Olazar Maciel, directora de auditoría interna del IPS; además de los miembros del consejo: Gustavo Alberto González Maffiodo, Carlos Alberto Pereira Olmedo, José Emilio Argaña Contreras, Víctor Eduardo Insfrán Dietrich y José Jara Rojas.
También la Contraloría General de la República aportó datos para la investigación fiscal, con varios informes, entre ellos que se detectaron pagos irregulares por casi G. 5.000 millones en bonificaciones no previstas en el presupuesto de la institución.
Además, el IPS pagó más de G. 3.471 millones en bonificaciones por títulos de grado y posgrado por encima del tope legal establecido de G. 1.500.000. En algunos casos, los funcionarios percibían hasta G. 1.900.000 mensuales extras, sumando montos por grado y posgrado de manera ilegal, según el ente contralor.