La resolución formal de las causas judiciales vinculadas a las planificaciones de infraestructura urbana masiva determina el cierre definitivo de los plazos investigativos asignados a los ordenadores de gastos de los periodos estatales correspondientes.
El juzgado penal de garantías dictó el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, desvinculándolo de manera total e irrevocable de la persecución penal iniciada por las supuestas irregularidades en la construcción del sistema de carriles de transporte metropolitano.
La determinación judicial se formalizó tras el requerimiento conclusivo presentado por los agentes fiscales asignados a la causa, quienes rectificaron la tesitura acusatoria inicial de la etapa preparatoria para solicitar la extinción definitiva de las responsabilidades penales atribuidas al exadministrador de la cartera vial.
El dictamen dictado en los tribunales penales de la capital establece que las actuaciones del exfuncionario se ajustaron a los plazos legales ordinarios, cancelando la posibilidad de abrir nuevas líneas de persecución fiscal por los mismos hechos fácticos descriptos en el pliego de la denuncia originaria.
El exministro Ramón Jiménez Gaona queda eximido del cumplimiento de cualquier medida cautelar o comparecencia obligatoria ante las secretarías de la magistratura nacional, logrando el archivo permanente del expediente de la infraestructura vial.
Los representantes de la defensa técnica manifestaron que el fallo judicial restituye la indemnidad jurídica de su representado tras analizarse los peritajes contables y las auditorías logísticas desarrolladas en los tramos camineros afectados durante el proceso de rescisión del contrato comercial internacional.
Los peritajes financieros de los tramos metropolitanos y el archivo de las actuaciones fiscales
La fiscalización de los desembolsos de capital realizados a las firmas contratistas extranjeras encargadas del movimiento de suelo en los accesos urbanos representó el eje técnico de las discusiones sustanciadas en el Palacio de Justicia.
Las conclusiones de las pericias contables determinaron que las ejecuciones presupuestarias de la administración de Ramón Jiménez Gaona se mantuvieron dentro de las previsiones de las pólizas de garantía de fiel cumplimiento contractual suscriptas por el Estado paraguayo.
Las estrategias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se limitaron a proveer los informes requeridos por los agentes de las fiscalías de delitos económicos para comprobar la legalidad de los pagos de anticipos financieros liberados en las zonas de obras de la capital.
La culminación de la etapa intermedia del proceso penal confirma que los presupuestos asignados para las obras complementarias de desagüe pluvial no sufrieron desvíos de fondos o distorsiones contables imputables a la dirección general del ministerio.
Las directrices de la fiscalía general del Estado avalaron la postura de los fiscales de la causa al constatar la inexistencia de indicios de beneficio patrimonial indebido o lesión de confianza en el ejercicio de las funciones del exministro.
La resolución dictada por el juez penal de garantías adquiere la firmeza jurídica necesaria para bloquear cualquier impugnación posterior por parte de las nucleaciones civiles, consolidando el sobreseimiento definitivo como la verdad legal sobre las obras del metrobús en el departamento Central.