La sindicalista Blanca Ávalos, secretaria general de la OTEP-MS, explicó que actualmente cada docente aporta el 19% para la Caja Fiscal y 5,5% para el Instituto de Previsión Social. Esto representa el 24,5% del salario docente. “Realmente es una confiscación”, expresó.
También explicó que en la acción judicial atacan el artículo 11 de la Ley de la Caja Fiscal que prohíbe retirar los fondos aportados por ser una caja deficitaria. “Se nos confisca el salario y resulta que ningún docente puede retirar lo aportado, cuando ella quiere”, señaló.
También denunciaron la desigualdad con otros sectores, como el de los magistrados. Estos últimos se jubilan a los 15 años, “Esa desigualdad que hay en la misma Caja Fiscal también nos lleva a plantear la inconstitucionalidad”, señaló.
Por último, dijo que otro reclamo es que el Estado debe aportar un 14% para la Caja Fiscal, como contrapartida del aporte de los trabajadores.
La presentación de la acción de inconstitucionalidad tuvo el patrocinio del defensor del Pueblo, Rafael Ávila. Este aclaró que la institución a su cargo solo se limitó al patrocinio de la presentación y que gremios se encargaron de fundamentar sus peticiones.
En la acción presentada, los docentes piden como medida cautelar la suspensión de la vigencia de la mencionada ley, hasta que la Corte se expida al respecto.