El recurrente había solicitado que se deje sin efecto el proveído que admite la imputación en razón de que la misma no reúne los presupuestos legales que establece el artículo 302 del Código Procesal Penal y la acordada N° 1861 que rigen la materia que establecen los requisitos que deben contener un acta de imputación, alegando que el Ministerio Público no individualizó hechos concretos ni elementos que sustenten los tipos penales atribuidos.
Sin embargo, el juez manifestó en su resolución que la imputación contiene una descripción suficiente de los hechos investigados, entre ellos el presunto retiro irregular de un oficio judicial destinado a una médica forense, su supuesta participación en actuaciones vinculadas al beneficio procesal otorgado a Walter Galindo y conversaciones interceptadas en las que presuntamente habría sugerido ocultar al procesado tras la revocatoria de su arresto domiciliario.
Se concluyó que el acta de imputación presentada por el fiscal Néstor Coronel reúne los requisitos previstos en el artículo 302 del Código Procesal Penal y la Acordada 1631/2022, por lo que confirmó la providencia del 12 de mayo del 2026. Ahora, la apelación en subsidio se elevó a un Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
Según la imputación del Ministerio Público, el 27 de mayo del año 2021, Garcete Martínez presuntamente se habría presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 2 de Lambaré y retirado de manera irregular un oficio judicial destinado a una médica forense, documento que posteriormente habría sido utilizado en actuaciones relacionadas con la situación procesal de Walter Galindo.
El Ministerio Público sostiene además que, mediante actuaciones presuntamente irregulares, el procesado obtuvo medidas sustitutivas a la prisión preventiva, incluyendo arresto domiciliario y permisos ambulatorios.
En una causa paralela se encuentran procesadas la exfiscal de Villa Elisa Egidia Gómez, quien irá a juicio, además de la exjueza de Lambaré Isabel Bracho y la actuaria Ruth Ferreira, quienes fueron sobreseídas provisionalmente, todas involucradas en un presunto cobro de USD 50.000 para beneficiar a Walter Galindo con una salida procesal.