Un Tribunal de Apelación ratificó una sentencia que obliga al Estado paraguayo a pagar una indemnización de más de 800 millones de guaraníes a la docente Clementina Ruiz Díaz, que estuvo recluida casi tres años en la cárcel de Buen Pastor supuestamente por matar a su bebé.
La semana pasada se divulgó otro error judicial: un peluquero fue preso y condenado por un robo agravado. Sin embargo, él demostró que cuando ocurrió el hecho no estuvo en Paraguay. Ahora el Estado le pagará una indemnización de G. 221.807.288 más los intereses.
En el caso de Clementina, nada se probó en juicio. La mujer dio a luz por cesárea el 6 de setiembre de 2013 en el Hospital Central del IPS. Cuando le dieron de alta viajó en colectivo hasta su casa ubicada en la compañía Pacheco de Carapeguá. Durante el viaje, su bebé se atragantó con leche materna, según la defensa. Enterró a su criatura en el patio de su casa.
El antecedente del caso dice que varios vecinos fueron a denunciar ante la autoridad educativa la ausencia del bebé. El 23 de octubre del mismo año, el fiscal Darío Baudelio Villagra le imputó a la docente por homicidio doloso. Al día siguiente, intervino un médico forense que no pudo realizar la autopsia por deterioro del cuerpo de la criatura.
El mismo día que el fiscal imputó a Clementina, el juez penal de Garantías, Víctor Vega, ordenó su prisión. Después de estar encarcelada dos años 9 meses y 7 días, el 1 de agosto de 2016 fue absuelta de culpa y pena por un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Gerardo Ruiz Díaz, Hugo Ignacio Ríos y Jorge Daniel Giménez. El Tribunal le liberó por falta de pruebas e impuso las costas al Estado paraguayo.
Luego siguió el calvario para cobrar su indemnización durante 8 años. La defensa reclamó inicialmente más de G. 1.627 millones por daño moral y daño emergente. En febrero de 2024, el juez civil José Guillermo Trovato Fleitas resolvió condenar al Estado paraguayo al pago de G. 853.122.437 por lucro cesante y daño moral, más intereses del 2,3% mensual desde julio de 2018.
La semana pasada, la sentencia fue ratificada por mayoría por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrado por Juan Carlos Paredes Bordón, Arnaldo Martínez Rozzano y Antonia López de Gómez.