La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación promovida por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contra los miembros del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado. Con esta decisión, los camaristas Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi quedaron oficialmente ratificados para seguir interviniendo en la causa.
La defensa de Prieto había solicitado apartar al pleno del Tribunal de Alzada alegando una supuesta quiebra de imparcialidad, falta de motivación y un eventual “prejuzgamiento implícito”. El planteamiento se basó en el numeral 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal.
Corte descarta contradicción
En su análisis, los camaristas rechazaron las acusaciones y sostuvieron que no existe contradicción en sus actuaciones anteriores, señalando que los montos investigados en las distintas causas son considerablemente diferentes y determinan la competencia del fuero especializado.
Según la imputación fiscal, el perjuicio patrimonial atribuido a Prieto supera ampliamente los 5.500 jornales mínimos establecidos para este tipo de procesos. El expediente acumula dos hechos investigados que totalizan más de G. 1.186 millones.
Los casos investigados
Uno de los procesos corresponde al denominado caso de los panificados, relacionado con una licitación de G. 306.188.500 para la compra de insumos destinados a familias de escasos recursos. La Fiscalía sostiene que el procedimiento habría sido direccionado y que parte de las mercaderías supuestamente nunca ingresaron al municipio.
El segundo hecho investigado guarda relación con transferencias por G. 880 millones destinadas a comisiones vecinales para la construcción de pozos artesianos. Según el Ministerio Público y la Contraloría, existieron irregularidades en el manejo de los fondos y presuntos desvíos hacia un entorno vinculado al entonces jefe comunal.
Fallo respaldado por ministros de la Corte
La resolución de la máxima instancia contó con los votos de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón, con adhesión del ministro Manuel Ramírez Candia. Los magistrados concluyeron que los argumentos presentados por la defensa reflejan únicamente una disconformidad con decisiones judiciales adversas.
La Corte también remarcó que “la situación subjetiva del litigante respecto del juez” resulta irrelevante, enfatizando que las decisiones judiciales deben regirse por el imperio de la ley y no por percepciones personales de las partes involucradas en el proceso.