Millonaria indemnización por un error judicial

Un peluquero fue preso y condenado por un robo agravado. Sin embargo, se comprobó que hubo un error judicial. Él demostró que cuando ocurrió el hecho no estuvo en Paraguay. Ahora el Estado le pagará una indemnización de G. 221.807.288 más los intereses.

| Por La Tribuna
El Estado indemnizará a un peluquero que permaneció en prisión de manera injustificada. (Rattankun Thongbun/Getty Images) (Rattankun Thongbun/Getty Images)

“Condenar al Estado paraguayo a pagar al señor Marcelo Manuel Romero la suma de 221.807.288 en concepto de indemnización de daños y perjuicios, en el plazo de diez días con intereses contados a partir de la notificación de la presente demanda…”, dice la resolución judicial.

Se comprobó que Romero fue procesado y encarcelado bajo una acusación falsa y que el afectado era totalmente inocente e incluso se encontraba fuera del país cuando ocurrieron los hechos.

La sentencia fue firmada por la jueza Rossana Elizabeth Frutos Olguín, que rechazó la presentación de la Procuraduría General de la República, de una excepción por falta de acción. La abogada Raquel Talavera representó a esta institución en el juicio.

La jueza ordenó que el Estado pague al peluquero un interés del 2,4% mensual desde noviembre del 2022, fecha en que se inició la demanda. Con ello la cifra subirá a 228 millones de guaraníes.

La indemnización fue solicitada por el propio Romero, luego de estar privado de su libertad durante un año y 10 meses, o sea desde abril del 2019 hasta el 8 de febrero del 2021. La jueza consideró que la propia Fiscalía retiró la acusación en su contra y pidió su sobreseimiento definitivo, cuando el proceso ya estaba en pleno juicio oral y público. Entonces, a partir de allí, el afectado recurrió a la Justicia del fuero civil para reclamar por los daños.

Marcelo Manuel Romero, cuando estaba en Argentina, se enteró a través de sus familiares que estaban Paraguay que se estaba difundiendo la información de que él estaba involucrado en un caso de robo, ocurrido en nuestro país en el año 2012.

El Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Víctor Hugo Alfieri, Darío Báez Ferreira y María Luz Martínez Vázquez admitió el retiro de la acusación fiscal y dictó su sobreseimiento definitivo.

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