La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena contra la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo, en el marco del caso conocido como “agua tónica”, uno de los procesos por corrupción más emblemáticos surgidos durante la pandemia del covid-19 en Paraguay.
Con la decisión adoptada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis Benítez Riera, quedó rechazado el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa de la pareja, ratificando así las sentencias emitidas en instancias anteriores.
Samudio había sido condenada en abril de 2024 a cuatro años de prisión por lesión de confianza, mientras que Costa Perdomo recibió una pena de tres años y nueve meses de cárcel. Tras quedar firme el fallo, ambos deberán cumplir sus condenas en prisión.
El esquema de sobrefacturación durante la pandemia
Durante el juicio oral, el Ministerio Público logró probar que Petropar simuló un proceso de licitación en marzo de 2020, al inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus, con el objetivo de beneficiar económicamente a Costa Perdomo mediante el pago de una deuda particular.
La investigación encabezada por los fiscales Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera determinó que la estatal adjudicó a la firma Solumedic SA la provisión de insumos médicos, tapabocas, trajes de protección y agua tónica por un monto de G. 359.700.000.
Sin embargo, según quedó acreditado en el proceso, la mayoría de los productos nunca ingresaron a Petropar. La institución estatal solamente recibió un lote de mamelucos de protección valuado en G. 13.600.000.
La entonces presidenta del Tribunal de Sentencia, Gloria Hermosa, sostuvo que todo el procedimiento “fue fraguado de forma anticipada” para perjudicar el patrimonio estatal. Además, indicó que Solumedic actuó únicamente como intermediaria y que el dinero terminó siendo utilizado para cancelar compromisos particulares de Costa Perdomo con la empresa Racole SA.
La Corte ratifica todas las sentencias
El máximo tribunal confirmó igualmente el fallo emitido por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de la Capital, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro, quienes ya habían ratificado las condenas en octubre de 2024.
La resolución también deja sin efecto cualquier posibilidad de revisión ordinaria de la causa, consolidando así una de las condenas más relevantes vinculadas a presuntos hechos de corrupción pública durante la crisis sanitaria.
Al término del juicio oral, el Tribunal había permitido que ambos condenados permanecieran en libertad bajo medidas alternativas, aunque elevando la fianza de G. 50 millones a G. 800 millones. Con la sentencia ya firme, la ejecución de las penas privativas de libertad deberá concretarse conforme al procedimiento judicial correspondiente.