Los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y César Garay
rechazaron la recusación deducida por la abogada Lisselle María Barrientos Valdez, en representación del exgobernador de Central.
De esta manera, el máximo tribunal destrabó la segunda causa abierta contra la exautoridad y otros acusados en el proceso por lesión de confianza y otros, quienes habrían desviado más de G. 18.384.427.005 de la Gobernación a través de un esquema.
“En cuanto al hecho que motiva la recusación, se puede constatar sin lugar a dudas la falta de fundamento serio o jurídicamente válido como para recusar a los miembros del Tribunal de Apelación, ya que los fundamentos expuestos por la parte recusante denotan una disconformidad, lo cual evidentemente, no es motivo válido para separarlos de la presente causa, ni se subsume en ninguno de los supuestos regulados en el Art. 50 del digesto procesal penal”, indica el fallo.
La Corte sostiene que la legislación penal contempla las vías procesales idóneas para satisfacer las pretensiones impugnativas de los recusantes, pero que la recusación no es una de ellas.
“En ese sentido, la recusación planteada incumple claramente con la exigencia de fundamentación debida y acompañamiento de pruebas, conforme lo exige el Art. 343 del CPP, resultando totalmente improcedente, lo que impide la consideración de los argumentos expuestos por la recusante traduciéndose en un obstáculo insanable para el estudio de la causal alegada”, sostiene la Sala Penal.
La acusación del Ministerio Público manifiesta que los acusados armaron un esquema para realizar las millonarias transferencias para la supuesta ejecución de 51 proyectos que fueron a parar al Consejo Regional de Salud del departamento, la Asociación Integral de Apoyo Profesional, la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares y la Asociación Ecodesarrollo.
Estas transferencias indebidas se hicieron entre marzo del año 2019 y diciembre del 2020 y todo se desarrolló en contra de las disposiciones dictadas por ley.
Para la Fiscalía está claro que de los G. 24.424.032.733 desembolsados, el desvío del dinero de la Gobernación de Central asciende a G. 18.384.427.005, que aparentemente no cuentan con respaldo documental.
Los otros acusados en este proceso son Carlos Alberto Giménez Insfrán, Luis Eduardo Allende Araújo, Édgar José Zaracho Quintana, José Manuel López Duarte, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Hugo Javier Cabrera Guerrero, Mónica Liliana Benítez Cáceres, Israel Espínola Ferreira y Luis María Galarza Ovelar.
Llamada
Hugo Javier ya soporta una condena de 10 años de cárcel, ratificada por la Cámara de Apelaciones, por “obras fantasmas” que ocasionaron un perjuicio de 5 mil millones de guaraníes a la Gobernación de Central. Sin embargo, está con libertad ambulatoria debido a que ya cumplió la pena mínima y solo regresará a la cárcel si la Corte confirma el fallo.