El fiscal Leonardi Guerrero presentó imputación contra la jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Beatriz Peralta Céspedes; Mario Brítez Ruiz Díaz, exjuez; Shirley Paola Irala Leite, exactuaria judicial de Curuguaty, y Adán Fredy Rolón Villareal, asistente fiscal de Coronel Oviedo, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos no auténticos en calidad de autores.
En calidad de cómplice también imputó a Rafael Prieto Quintana, funcionario de archivo del Consejo de la Magistratura, mientras que Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial, fue imputado en carácter de instigador.
De acuerdo con los antecedentes recopilados, la jueza y el exmagistrado figuran como postulantes a cargos en la judicatura convocados por el Consejo de la Magistratura, a través de distintos edictos.
Con el objetivo de sumar puntuaciones en las evaluaciones y eventualmente integrar ternas para cargos de jueces, fiscales o defensores públicos, se habrían utilizado copias adulteradas de diversos documentos académicos, según la imputación.
Entre los documentos que habrían sido falsificados se mencionan notas de actualizaciones de legajos, certificados de escuela judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y certificados de especializaciones.
Específicamente, las indagaciones de la unidad penal constataron que se utilizó la copia de un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal originalmente dictado por la Universidad Privada del Este a favor de otra profesional. Dicho documento habría sido modificado con los datos personales de los postulantes para ser ingresado al sistema a través de la página web.
La hipótesis fiscal señala que la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura y el funcionario de la Escuela Judicial. Ambos habrían actuado en connivencia para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.
Pedido de la Corte
Sobre este tema, en la sesión de la Corte Suprema de Justicia de ayer, el ministro César Garay propuso que la máxima instancia judicial envíe una nota al Consejo de la Magistratura para que especifique de qué universidades, instituciones o países obtuvieron sus doctorados los integrantes de las ternas remitidas, teniendo en cuenta el “álgido” contexto en torno a la legalidad y veracidad de títulos de derecho.
Garay manifestó su preocupación para que la Corte no sea “sorprendida” en su buena fe y mencionó que en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ya fueron víctimas de invocación de grados académicos inexistentes.
Además, Garay indicó que es necesario preguntarse cómo un juez en actividad en el interior del país puede cursar un doctorado, teniendo en cuenta la exigencia.
A esto respondió el ministro Víctor Ríos que no se debe estigmatizar a las universidades por ser del interior del país o por no ser conocidas. Advirtió que el Consejo no podría contar con toda la capacidad para conocer los orígenes de los documentos.