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Fiscalía confirma que habrá juicio oral por causa de espionaje informático

Una pesquisa liderada por la unidad especializada en cibercrimen desmanteló un esquema de vigilancia clandestina montado por un profesional del derecho contra su expareja. Los peritajes informáticos derivados del registro automotor permitieron interceptar archivos de abuso sexual que agravan la situación procesal del encausado. La representación fiscal ratificó que el expediente cuenta con auto de apertura para discutir las calificaciones penales ante un tribunal de sentencia.

| Por David Martinez
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La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano, confirmó la elevación a juicio oral de la causa penal por vulneración de la intimidad.

Las pesquisas técnicas del Ministerio Público, iniciaron tras la presentación de una denuncia formal por sospechas de seguimiento fáctico en tiempo real. Los peritos informáticos detectaron equipamientos electrónicos de transmisión de datos instalados de manera oculta dentro del rodado de la denunciante.

Las autoridades judiciales ratificaron la validez de los elementos de convicción colectados durante la etapa preparatoria de la investigación.

Hallazgo de dispositivos de transmisión en el registro automotor

La agente fiscal Irma Llano detalló los procedimientos iniciales durante la emisión del programa periodístico La pelu por La Tribu 650 AM.

Los técnicos del Ministerio Público inspeccionaron el habitáculo del automóvil y constataron la presencia de un localizador satelital en la parte delantera.

El procesado utilizó copias de las llaves de encendido para ingresar clandestinamente al rodado e instalar un teléfono móvil de respaldo. Los datos de geolocalización proveían información constante sobre los desplazamientos de la víctima después de la separación conyugal.

Allanamiento de inmuebles e incautación de soportes digitales

La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano, coordinó los allanamientos simultáneos en los locales vinculados al investigado.

Las fuerzas policiales incautaron computadoras portátiles y unidades de almacenamiento masivo en la residencia particular del imputado.

Los análisis forenses de extracción de datos confirmaron el acceso indebido a sistemas de comunicación privados y la interceptación de imágenes.

El procesado instaló dispositivos ópticos en el interior de la vivienda familiar durante el periodo de convivencia con la afectada.

Descubrimiento de archivos de abuso y producción de pornografía

La agente fiscal Irma Llano relató que los peritajes tecnológicos revelaron un hecho punible de mayor gravedad institucional.

Los archivos digitales extraídos contenían filmaciones y fotografías que configuran la producción y posesión de pornografía infantil para consumo personal. El material probatorio demuestra que el encausado captaba imágenes de videollamadas con una menor de edad en situación de vulnerabilidad.

Las evidencias periciales descartan la existencia de una red de distribución externa al individualizar las conductas en el acusado.

Audiencia preliminar y vigencia de medidas alternativas mensuales

La causa penal superó la etapa de control de la acusación mediante la sustanciación de la audiencia preliminar correspondiente.

La agente fiscal Irma Llano puntualizó que el procesado se encuentra actualmente bajo régimen de medidas alternativas a la prisión preventiva.

El juzgado de garantías ordenó la apertura del debate público pero restan fijar los calendarios oficiales para el inicio de las sesiones.

Los órganos de control monitorean el cumplimiento de las restricciones ambulatorias impuestas para mitigar los riesgos de fuga del país.

Limitaciones en las expectativas de penas de los tipos legales

La representación fiscal urgió una reforma legislativa para elevar las sanciones asociadas a los delitos contra la comunicación. La legislación actual establece un marco penal de dos años de penitenciaría o multa para la lesión de la imagen.

La agente fiscal Irma Llano advirtió que la difusión de contenidos íntimos genera un daño psicológico irreparable en las víctimas. El Ministerio Público sumará los años correspondientes a las figuras de acceso indebido y producción de material de abuso infantil.

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