Una resolución judicial que sustituyó la prisión preventiva de Dalia Angélica López Troche por arresto domiciliario con tobillera electrónica vuelve a poner en discusión el uso de medidas alternativas en el sistema penal paraguayo.
La decisión dictada por el Juzgado Penal de Garantías Nº 12 de la capital no extingue el proceso ni elimina las imputaciones en su contra, pero cambia el modo en que la procesada seguirá sometida a la causa.
López está procesada en el expediente abierto por el uso de documentos públicos de contenido falso vinculado al caso Ronaldinho. Su nombre volvió al centro de la escena luego de su captura, tras permanecer varios años fuera del alcance de la Justicia.
En principio, la revisión de su medida cautelar generó resistencia del Ministerio Público, que sostuvo que seguía vigente el peligro de fuga y que no existían hechos nuevos suficientes para modificar la prisión preventiva. El juzgado, sin embargo, valoró nuevos elementos presentados por la defensa.
Entre ellos, informes de condiciones de dominio de inmuebles ofrecidos como caución real, certificados familiares y un informe de factibilidad emitido por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC). A criterio de la magistratura, estos documentos permitieron considerar que el riesgo procesal podía ser mitigado mediante un régimen menos gravoso que la cárcel.
La resolución dispuso arresto domiciliario, prohibición de salida del país, control semanal por parte de la comisaría jurisdiccional, instalación de tobillera electrónica y fianza real sobre inmuebles valuados en total en USD 1.672.276. También ordenó que la OMDEC informe semanalmente al juzgado sobre el cumplimiento de la medida y cualquier eventual violación del perímetro fijado. Los gastos de implementación del dispositivo correrán por cuenta de la imputada.
El caso tiene una dimensión que excede a Dalia López. Paraguay arrastra desde hace años una discusión pendiente sobre el uso extendido de la prisión preventiva. En la práctica, muchas veces la cárcel opera como respuesta automática antes de una condena, aun cuando el Código Procesal Penal permite aplicar medidas alternativas si el peligro de fuga u obstrucción puede ser controlado por otros medios.
La tobillera electrónica aparece en ese contexto como una herramienta clave. No equivale a libertad plena ni a impunidad. Es una forma de control judicial que restringe la movilidad del procesado, permite verificar el cumplimiento del arresto domiciliario y habilita alertas ante eventuales incumplimientos. Si el beneficiario viola las condiciones, el juzgado puede revocar la medida y restablecer la prisión.
La diferencia es relevante. El sistema penal no necesita tratar de la misma manera a todos los procesados. Hay casos en los que la prisión preventiva es necesaria por riesgo real de fuga, peligro para la víctima o posibilidad concreta de obstrucción. Pero también existen expedientes en los que la presencia del imputado se puede asegurar con fianza, prohibición de salida, controles periódicos y monitoreo electrónico.
El desafío es doble. Por un lado, aumentar el uso de dispositivos electrónicos para reducir la presión sobre las cárceles y reservar los cupos penitenciarios para condenados o procesados de alto riesgo. Por otro, asegurar que la aplicación sea igualitaria, transparente y controlada. Una tobillera sin monitoreo real sería apenas un símbolo; una tobillera con supervisión efectiva puede convertirse en una herramienta seria de política criminal.
La resolución en el caso López muestra que el mecanismo ya está disponible y puede combinarse con garantías patrimoniales importantes, controles policiales y reportes judiciales periódicos. También evidencia que la discusión no debe reducirse a nombres propios. La pregunta de fondo es cuántas personas procesadas podrían estar bajo un régimen similar sin poner en riesgo el proceso penal.
En un país con cárceles tensionadas y un sistema judicial cuestionado por la duración de los procesos, ampliar el uso de tobilleras electrónicas puede ayudar a ordenar prioridades. La prisión preventiva debe quedar para los casos en que ninguna otra medida resulte suficiente. Para el resto, la tecnología ofrece una alternativa concreta: controlar sin encarcelar antes de condenar.