La empresaria Dalia López pidió nuevamente ayer la revisión de la prisión domiciliaria con base a los informes remitidos por la Penitenciaría de Emboscada, que sostienen que ella puede usar la tobillera electrónica.
El equipo de defensa, integrado por los abogados Cristóbal Cáceres, Álvaro Cáceres y Dante Gulino, hizo la presentación en nombre de su cliente ante el juez Francisco Acevedo. Invocó hechos nuevos, como los señalados en el citado informe.
Pidió que le sea impuesta la tobillera electrónica, tal como dice el documento elaborado por técnicos contratados por la Policía y como garantía ofrece una millonaria caución real.
La caución consiste en tres inmuebles ubicados en Lambaré. General Aquino y Luque cuyos costos totalizan 1.672.275 dólares americanos. Los abogados manifestaron que con esta presentación ella demuestra su voluntad de someterse a la justicia mientras sigue su proceso penal.
El informe fue enviado al citado juez por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec). Esta oficina dependiente del Ministerio del Interior es la que monitorea el uso de tobilleras a diferentes procesados y debe asegurar que donde se usa el aparato exista señal suficiente.
Dalia López fue procesada por facilitar documentos falsos al jugador de fútbol brasileño Ronaldinho Gaúcho y a su hermano.
El documento remitido al juez señala que los técnicos del Consorcio Track junto con la Policía hicieron la verificación de señales el 5 de mayo pasado en el domicilio ubicado sobre las calles Guillermo Velloso casi Nicanor Torales.
Este es el sitio que la defensa propone al juez para que Dalia López cumpla una eventual prisión domiciliaria y el juez ordenó su verificación a pedido de la defensa.
El nivel de señal celular requerido para el uso de tobillera electrónica es de 20% y en el lugar señalado el nivel es de 78%, muy por arriba del mínimo, según el dictamen. Agrega que se verificó una conexión estable a 14 satélites GPS.
La Policía informó que para el desarrollo del procedimiento fue fundamental la colaboración de Luis Alberto Gauto Cano, esposo de Dalia López, que posibilitó las mediciones de latencia y cobertura.
Por otra parte, una nota remitida al juzgado por el Ministerio del Interior señala que el uso de la tobillera electrónica tiene su precio que debe asumir la beneficiada de la prisión domiciliaria.
Cada uno de los aparatos cuesta 2 millones de guaraníes mensuales que la misma debe pagar hasta que quede definitivamente libre del proceso penal. El Ministerio del Interior sugirió al juez que la persona beneficiada presente el comprobante de pago mensual ante el juzgado.