La abogada sostuvo que la medida ya constituye una “pena anticipada”, alegando que el acusado lleva privado de libertad desde julio de 2023 y cuestionó además la competencia del fuero especializado, planteando nulidades por supuesta violación al principio del juez natural.
“La ilegalidad por exceso del plazo máximo de la prisión preventiva, mi defendido se encuentra privado de su libertad desde el 11 de julio del 2023, soportando a la fecha dos años y nueve meses de reclusión. Lejos de ser una medida, es una pena anticipada que él mismo está soportando, debido a que el artículo 236 del Código Procesal Penal impone una pena que ya ha superado”, dice la abogada.
El Tribunal consideró que aún persisten tanto el peligro de fuga como el de la obstrucción del proceso, atendiendo la gravedad de los hechos y la expectativa de pena de entre 5 y 15 años, ya que la fecha del juicio oral y público aún no fue fijada.
“Este Tribunal Colegiado puede afirmar que, de momento, la situación procesal de Daniel Montenegro Menezes no ha sufrido modificación alguna, pues conforme a los argumentos expuestos por la defensa técnica no se deduce la concurrencia y/o presencia de nuevos elementos que demuestren la desaparición de los motivos que originaron la prisión preventiva o en su defecto, la aparición de presupuestos que permitan tan siquiera suponer que la misma se ha tornado en una pena anticipada.
“En esas condiciones, el Tribunal deduce que aún persisten el peligro de fuga (teniendo en cuenta la gravedad del hecho así como la pena que podría ser impuesta en caso de comprobarse la responsabilidad del acusado), así como el peligro de obstrucción, que quienes deben deponer sobre las circunstancias del hecho (testigos y peritos) lo deben hacer ante el Tribunal de Sentencia en atención que la fecha de audiencia de juicio oral y público se encuentra pendiente de señalamiento”.
El Ministerio Público mantiene la hipótesis de que el abogado Daniel Montenegro Menezes habría colaborado con el grupo de Jarvis Chimenes Pavão en algunas transacciones, bajo instrucciones de Luan Pavão, hijo de Jarvis Chimenes; y entre sus labores, se encontraría la supuesta administración de la firma “Estancia Villa Loma” y en retribución habría recibido la suma de G. 10.000.000.
El Operativo Pavo Real es una investigación financiera y patrimonial conjunta entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil que apuntó al desmantelamiento total de la estructura criminal, logística y patrimonial de la organización criminal en cuestión que lideró Jarvis Chimenes Pavão. En la causa están acusadas 23 personas.