Sobre las declaraciones vertidas por el senador Rafael Filizzola, desde su curul parlamentario, contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, a quien acusó de saber más de lo que dice sobre los autores intelectuales del asesinato de Marcelo Pecci y de ser amigo de los acusados en la causa A Ultranza Py, el abogado penalista y exparlamentario Óscar Tuma sostiene que, ante denuncias de crímenes de acción penal pública como el sicariato (como en este caso), ningún ciudadano, sin importar su cargo o fueros, está exento de la obligación de testificar.
Según el profesional, el Ministerio Público tiene la potestad y el deber de convocar al senador Filizzola para que aporte las pruebas que sustenten sus afirmaciones. Esta información fue analizada por el programa “Tribu diez” para La Tribu 650 AM.
Tuma explicó que la inmunidad parlamentaria no es una patente para omitir la comunicación de hechos punibles conocidos en el ejercicio del cargo.
“Si un senador tiene conocimiento de que la causa no avanza o conoce nombres de instigadores, debe ir a declarar; de lo contrario, termina siendo cómplice”, afirmó.
El abogado señaló que si la Fiscalía no actúa de oficio ante una denuncia de tal gravedad, se degrada la institucionalidad del Estado.
Asimismo, advirtió que si el testimonio resulta inoficioso o falso, el denunciante podría enfrentar procesos por calumnia, difamación e injuria, ya que la atribución de un crimen es un hecho que afecta gravemente el honor.
En relación con la participación de la viuda de Pecci en la causa, Óscar Tuma aclaró que cualquier denunciante tiene el derecho constitucional de coadyuvar con la investigación.
Esto implica que la familia del fiscal asesinado puede solicitar formalmente que el senador Filizola sea llamado a declarar para que arroje luz sobre los datos que dice poseer.
Para el abogado, el fiscal interviniente no puede “amilanarse” ni hacer la vista gorda ante una acusación reiterada que vincula a la máxima autoridad del Ministerio Público con el crimen organizado, siendo una cuestión de defensa institucional el esclarecimiento de estos dichos.