El abogado y ex parlamentario, Óscar Tuma analizó las recientes declaraciones del senador Rafael Filizola, quien acusó públicamente al Fiscal General del Estado de conocer y proteger a los autores intelectuales del asesinato de Marcelo Pecci.
Tuma subrayó que, ante denuncias de crímenes de acción penal pública como el sicariato, ningún ciudadano, sin importar su cargo o fueros, está exento de la obligación de testificar. Según el profesional, el Ministerio Público tiene la potestad y el deber de convocar al parlamentario para que aporte las pruebas que sustenten sus afirmaciones. Esta información fue analizada por el programa Tribu Diez para La Tribu 650 AM.
El deber de denunciar y el alcance de la inmunidad
Tuma explicó que la inmunidad parlamentaria no es una patente para omitir la comunicación de hechos punibles conocidos en el ejercicio del cargo.
“Si un senador tiene conocimiento de que la causa no avanza o conoce nombres de instigadores, debe ir a declarar; de lo contrario, termina siendo cómplice”, afirmó.
El abogado señaló que si la fiscalía no actúa de oficio ante una denuncia de tal gravedad, se degrada la institucionalidad del Estado.
Asimismo, advirtió que si el testimonio resulta inoficioso o falso, el denunciante podría enfrentar procesos por calumnia, difamación e injuria, ya que la atribución de un crimen es un hecho que afecta gravemente el honor.
El rol de la víctima en la solicitud de diligencias
En relación con la participación de la viuda de Pecci en la causa, Óscar Tuma aclaró que cualquier denunciante tiene el derecho constitucional de coadyuvar con la investigación.
Esto implica que la familia del fiscal asesinado puede solicitar formalmente que el senador Filizola sea llamado a declarar para que arroje luz sobre los datos que dice poseer.
Para el abogado, el fiscal interviniente no puede “amilanarse” ni hacer la vista gorda ante una acusación reiterada que vincula a la máxima autoridad del Ministerio Público con el crimen organizado, siendo una cuestión de defensa institucional el esclarecimiento de estos dichos.
Validez administrativa y retroactividad en el caso Hernán Rivas
Respecto a la controversia sobre el título de abogado del senador Hernán Rivas, Tuma explicó que la discusión debe mantenerse en el ámbito administrativo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
Indicó que mientras una matrícula esté vigente y avalada por la Corte, los actos jurídicos realizados por el titular son válidos bajo una presunción de legalidad. “La retroactividad no se aplica para anular actuaciones pasadas si el profesional contaba con el carné habilitante en ese momento”, precisó.
Según su visión, la cancelación de una matrícula solo surte efectos hacia el futuro, dejando firme lo actuado bajo la certificación judicial previa.
La carga de la prueba en procesos universitarios
Sobre la supuesta falsedad del título, el abogado recordó que la culpabilidad debe demostrarse y que la institución educativa es la responsable de custodiar las actas y exámenes por un periodo de cinco años.
Transcurrido ese tiempo legal, la destrucción de documentos es una práctica administrativa común, lo que dificulta probar irregularidades
si el certificado de estudios y el título fueron validados por el MEC y la Corte. Tuma concluyó que cualquier sumario administrativo debe basarse exclusivamente en las pruebas documentales disponibles al momento de la investigación, evitando interpretaciones subjetivas sobre la idoneidad técnica del abogado cuestionado.