El condenado promovió acción de inconstitucionalidad ante la máxima instancia judicial en contra de una resolución administrativa del Ministerio de Justicia, que prohibió el ingreso de familiares y amigos por ser una persona de alta peligrosidad. Pidió la nulidad del citado documento que rige en la cárcel.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la citada demanda, primero porque se trata de una cuestión administrativa del citado ministerio y segundo porque la presentación se limitó a invocar normas y principios constitucionales sin explicar la lesión específica que la reglamentación habría ocasionado a su persona.
La Corte rechazó sin estudiar el problema de fondo, si es inconstitucional o no el citado reglamento, porque el condenado no fundamentó en qué acto de aplicación del reglamento le perjudicó.
La decisión de la Corte fue en mayoría. Los ministros César Diesel y Gustavo Santander votaron por el rechazo de la demanda, mientras el ministro Víctor Ríos votó para que se estudie la acción de inconstitucionalidad.
Según Ríos, se debió correr traslado al fiscal general del Estado para que presente un dictamen al respecto y que luego la Sala Penal de la Corte tome la decisión. Sin embargo, la mayoría entendió que no hace falta el trámite porque la acción está mal presentada.
Mientras que según la defensa de Rotela, el reglamento restringe derechos vinculados a la comunicación privada con familiares, el régimen de visitas, el contacto físico con allegados y las visitas conyugales. Por su parte, la mayoría de la Corte, ese tipo de restricciones es normal para los presos de alta peligrosidad.