El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, informó que el Poder Judicial atraviesa una situación presupuestaria crítica en el presente año, especialmente para la parte administrativa.
Hay un problema de falta de desembolsos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que afecta negativamente en la operatividad de la institución, explicó. El Congreso Nacional aprueba el presupuesto, luego el Poder Ejecutivo debe habilitar un plan de caja para el uso de los fondos en diferentes áreas, y la falta de plan de caja ya afecta la estabilidad financiera de la institución, indicó.
Martínez Simón explicó que hay serias preocupaciones con la falta de cumplimiento de los proveedores y en las restricciones de compras de insumos. Esta situación afecta directamente al funcionamiento del Poder Judicial que en gran parte depende del Presupuesto General de la Nación, explicó.
Para el ejercicio fiscal 2026, la Corte Suprema cuenta con un presupuesto de G. 1,9 billones para todo el país, luego de un recorte significativo aplicado por el Congreso Nacional.
En octubre de 2025, el entonces presidente saliente, César Diesel, defendió un aumento del 34% para el presupuesto 2026 (incluyendo 900 cargos nuevos) para la modernización y expansión de infraestructura, argumentando una mayor demanda de justicia.
En ese entonces, Diesel explicó que el Poder Judicial necesita extender sus oficinas en diferentes espacios de las circunscripciones judiciales para estar más cerca de la gente y cubrir las demandas. Para esto fue el pedido de cargos nuevos que requieren de recursos.
Martínez Simón dice ahora que la situación actual se resume en un escenario de recursos limitados que impacta en el funcionamiento cotidiano del sistema judicial.
El titular de la Corte remitió la semana pasada un escrito al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, en la cual señala los puntos señalados precedentemente y advierte sobre restricciones que limitan la operatividad del Poder Judicial. Además, recuerda que el Registro Unificado Nacional (RUN) recientemente creado se encuentra bajo la administración de la Corte.
“El presupuesto institucional de la Corte para el 2026 incorpora recursos específicos para la puesta en funcionamiento del Registro Unificado Nacional, RUN. La administración eficiente de estos fondos es fundamental para garantizar la continuidad de los servicios y el cumplimiento de nuevas responsabilidades asumidas por la Corte”, señala la nota remitida al citado ministro.
“En el primer trimestre de 2026, la asignación de plan de caja ha sido insuficiente; en enero se aprobó solo el 70%; en febrero el 70%, en marzo el 58% y en abril el 54%. Esta asignación parcial ha agravado el déficit y la acumulación de compromisos, imposibilitando el pago de los requerimientos efectivos del año 2026, afectando a la Administración Central, las circunscripciones judiciales, al RUN y la Unidad Ejecutora de Proyectos”, expresa el documento.