El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó la elevación a juicio oral y público contra el imputado Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera luego de varias chicanas, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero vinculada a fondos de origen ilícito atribuidos al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
En el trasfondo del caso aparece además una conexión empresarial y familiar: Miki Zaldívar es esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color, medio vinculado al grupo AZETA, conglomerado asociado a la familia Zuccolillo y también relacionado con el Banco Atlas.
El requerimiento conclusivo fue formulado por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Según la acusación, Zaldívar fue incluido como coautor del hecho punible de lavado de dinero, en su condición de integrante del directorio del Banco Atlas S.A. La Fiscalía sostiene que el 4 de febrero de 2016 directivos de la entidad aprobaron y ratificaron la suscripción de contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago, identificados como “MC, J y M 03” y “NC 02”.
De acuerdo con el documento fiscal, dichos fideicomisos fueron conformados con certificados de depósito de ahorro por G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, fondos que, conforme a la investigación, provenían de actividades ilícitas atribuidas a Nicolás Leoz durante su gestión al frente de la Conmebol.
La Fiscalía afirma que los recursos fueron canalizados mediante certificados de depósito y estructuras fiduciarias, pese a la existencia de señales de alerta, publicaciones periodísticas, un pedido de arresto provisorio con fines de extradición, un reporte de operación sospechosa y el allanamiento a la sede de la Conmebol.
El Ministerio Público también sostiene que no se aplicaron medidas de debida diligencia ampliada para un cliente considerado de alto riesgo, como era Nicolás Leoz, y que los activos terminaron incorporados a patrimonios autónomos administrados por el Banco Atlas.
Con este planteamiento, la Fiscalía considera agotada la etapa investigativa y solicita que la causa sea remitida a juicio oral y público, instancia en la que deberá determinarse la responsabilidad penal de los acusados.