Un pacto institucional contra el crimen organizado firmaron las autoridades de los Ministerios Públicos de países del Mercosur en la cumbre realizada en Ciudad del Este, que finalizó la semana pasada. Firman una declaración conjunta luego de debatir los delitos complejos que afectan a la seguridad regional.
Fue la XXXIX Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (Remepm), con la presidencia pro tempore de Paraguay. El largo debate fue sobre “Respuestas jurídicas frente al crimen organizado transnacional”, que finalizó con la firma de la “Declaración de Ciudad del Este”.
El documento expresa un compromiso “con el fortalecimiento de la persecución penal y la afectación de las finanzas del crimen organizado mediante la adopción de acciones coordinadas entre los Ministerios Públicos de los estados partes y asociados del Mercosur”.
Las autoridades acordaron “promover el uso eficiente, ágil y oportuno de los mecanismos de cooperación jurídica internacional, tanto a través de las autoridades centrales como mediante la comunicación directa entre autoridades competentes conforme a los marcos normativos vigentes”.
El encuentro fue presidido por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y congregó a las máximas autoridades fiscales y procuradores generales de los países miembros y asociados del bloque regional. El documento aprobado será la hoja de ruta estratégica para la persecución penal coordinada en la región.
Otra parte de la “Declaración de Ciudad del Este” expresa también el compromiso de “impulsar la conformación, fortalecimiento y utilización de equipos conjuntos de investigación así como de otras herramientas de cooperación operativa especialmente en investigaciones vinculadas a la criminalidad organizada transnacional”.
Agrega que los Ministerios Públicos reforzarán “la cooperación y colaboración con mecanismos regionales e internacionales de cooperación a fin de potenciar las capacidades institucionales y mejorar la respuesta frente a estructuras criminales de alcance transnacional”.
Las fiscalías del Mercosur acordaron “fortalecer el desarrollo de capacidades institucionales y el intercambio de información estratégica con miras a optimizar la eficacia de las investigaciones y la persecución penal en contextos transfronterizos”.
Finalmente reconocieron “la relevancia estratégica de las regiones de frontera como un espacio prioritario para el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y la articulación de respuestas coordinadas frente a la criminalidad organizada transnacional” y concluyeron que promoverán “el desarrollo de mecanismos específicos de cooperación, intercambio de información y actuación conjunta entre los Ministerios Públicos involucrados”.