La investigación en la Fiscalía sobre presuntas operaciones de lavado de dinero a través del Banco Atlas, entró en la fase final, tras la comparecencia fallida de dos de sus principales imputados. Miguel Ángel “Miki” Zaldívar y Jorge Vera. Estos no se presentaron en la audiencia del 24 de abril ante el Ministerio Público, pero, a través de sus defensas técnicas, comunicaron su decisión de no ejercer el derecho a declarar.
El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, explicó que, si bien la indagatoria es un derecho constitucional, la etapa procesal se considera agotada tras dos convocatorias otorgadas por la fiscalía.
Avance de la investigación y plazos procesales
A pesar de las postergaciones iniciales donde las defensas alegaron falta de acceso a documentos, la fiscalía ya no otorgará nuevas prórrogas para las declaraciones pendientes. Lovera enfatizó que el requisito legal de otorgar la oportunidad de defensa está más que cumplido, permitiendo que la investigación avance sin más dilaciones. El calendario judicial marca el 30 de abril como la fecha máxima para que el Ministerio Público presente su acto conclusivo, día en que los fiscales deberán pronunciarse sobre la base de los elementos recolectados durante la etapa preparatoria.
Conmebol ratifica acusación como querellante adhesivo
La posición de la Confederación Sudamericana de Fútbol es invariable y apunta a la elevación de la causa a juicio oral. Como querellante adhesivo, Lovera anunció que la institución presentará una acusación formal contra los directivos del banco al finalizar el periodo de investigación. Según la querella, existen elementos de sospecha suficientes que indican la participación de las personas imputadas en hechos graves de lavado de activos, vinculados a las operaciones financieras del fallecido Nicolás Leoz que no fueron debidamente reportadas por la entidad bancaria.
Sanciones procesales ante posibles chicanas
Ante la posibilidad de nuevas recusaciones o incidentes que busquen frenar el proceso, el abogado advirtió sobre la aplicación de sanciones procesales. Lovera informó que las recusaciones planteadas recientemente contra el equipo fiscal ya fueron rechazadas, lo que despeja el camino para las diligencias finales. El marco legal paraguayo permite castigar el ejercicio abusivo del derecho cuando se promueven acciones sin fundamento con el único fin de dilatar el proceso, asegurando que los órganos jurisdiccionales mantendrán el control sobre el cumplimiento de los plazos establecidos.